“En Colombia tenemos frenesí normativo”: Academia de la Gestión Pública

En Colombia hay un frenesí normativo que es terreno fértil para la ineficacia y la corrupción. Existen más de 254 normas que regulan la contratación y como dice la directora nacional de la Academia de la Gestión Pública, (AGP) Sandra Avellaneda Avendaño, “la solución no son más normas, sino un entendimiento adecuado de estas”.

“Somos un Estado social de derecho y uno de los pilares de la democracia es el principio de legalidad que hay que cumplir respetando las reglas de los procesos de selección que las entidades del Estado fijan”, indicó la ejecutiva.

La directora de la AGP destaca a su vez que “el debate sobre la licitación de pasaportes en la que está inmerso el Estado nos lleva a una conclusión clave para todo el sistema de compra pública: el éxito o fracaso de un contrato, así como, el riesgo de condenas al Estado por la gestión contractual depende en gran parte la selección objetiva, la aplicación adecuada del concepto de pluralidad de oferentes desde el ejercicio de planeación, lo cual depende de un adecuado análisis del sector”.

Avellaneda considera que en esta licitación en particular se debate acerca de los efectos de que un solo oferente hubiere quedado habilitado, lo cual, no constituye causal de declaratoria de desierta en estricto sentido de la ley, “pero necesariamente obliga a que reflexionemos a cerca del proceso de planeación y específicamente a que nos preguntemos: ¿los requisitos que se consignaron en el pliego garantizaban o no pluralidad de oferentes, libre competencia y libertad de entrada?”  

La abogada Avellaneda experta en contratación es tajante en sus planteamientos al asegurar que “lo que empieza bien termina bien y viceversa, por esta razón, casos como el de la licitación de pasaportes, necesariamente, son una oportunidad para insistirle a todos los actores de la compra pública que hacer una adecuada planeación es un acto de responsabilidad y prevención de riesgos penales, fiscales y disciplinarios, así como, de condenas a la entidad estatal.”  

Indica la directora de la Academia de la Gestión Pública que cuando se hace un análisis del sector juicioso, se sale a mirar quiénes compran y quiénes venden, y dentro de esa verificación, se pueden identificar qué características, qué índices y qué indicadores tienen quienes venden, para garantizar que los actores del mercado puedan participar en igualdad de condiciones.

La jurista hace una invitación generalizada a “ser defensores de lo público, de la legalidad y de la transparencia y a que tanto en el nivel nacional como en el territorial se fortalezca el proceso de compra pública que es la actividad a través de la cual se ejecutan, aproximadamente, el 86% de los recursos públicos en Colombia” con vehemencia insiste en que “Colombia no puede darse el lujo de perder tiempo, ni recursos, por eso se debe combatir de manera frontal la corrupción y la ineficacia”.