La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, considera fundamental que el Gobierno, en cabeza de la CREG, evalúe nuevamente el balance entre oferta y demanda, tras la publicación de los resultados de la subasta de cargo por confiabilidad realizada el pasado 15 de febrero.
Lo anterior, considerando que el hecho de que no toda la demanda haya sido asignada implica desafíos que el Gobierno Nacional debe atender con urgencia. En la mencionada subasta, el 99% de la energía asignada fue solar, conformada por 30 plantas en distintas zonas del país.
La Asociación advierte que la coyuntura de precios, la cual es de suma importancia, ha desenfocado la atención de un tema aún más crítico y que se relaciona con la suficiente oferta para atender el crecimiento de la demanda en el mediano y largo plazo.
En la evaluación por parte del Gobierno, el gremio pide que se incluyan los resultados que en materia de energía firme van a traer los nuevos proyectos, “para de ser el caso, realizar una nueva subasta para la energía que necesitaremos hacia el año 2028 que cubra la demanda no asignada en este proceso”.
De acuerdo con Acolgen esto es de suma importante teniendo en cuando que en promedio solo 6 de 10 megavatios de las asignaciones en subastas previas entraron en operación y menos de 3 de cada 10 lo hicieron en la fecha programada.
Como segundo punto el gremio dice que debe revisarse la energía firme que aportarán los nuevos proyectos solares y entender que la operación enfrentará condiciones de mayor intermitencia que exigen retomar la discusión de temas como los servicios complementarios, la generación distribuida (incluyendo las comunidades energéticas), la modernización del mercado mayorista y la ampliación de la oferta con tecnologías como el almacenamiento donde sea económicamente viable.
En un tercer punto el gremio señala que si bien las leyes y la regulación deben evolucionar y ajustarse en función de los cambios tecnológicos y de entorno, es fundamental que las iniciativas de reforma no atenten contra los principios fundamentales que han permitido los avances y logros del sector en los últimos 30 años, como son la existencia de un equilibrio entre consideraciones políticas y técnico-económicas para la toma de decisiones en el sector y la certidumbre de que las empresas podrán recuperar sus inversiones.
“Esperamos que tanto el proyecto de decreto publicado el 5 de marzo por el Ministerio de Minas y Energía, como el anuncio de reforma de las leyes 142 y 143 de 1994, se discutan ampliamente y con todos los sectores y actores con debates técnicos rigurosos y análisis de impacto de corto, mediano y largo plazo, con mayor razón, bajo la realidad de los nuevos escenarios de demanda publicados por la UPME y la energía en firme disponible según datos de XM, siempre pensando que al usuario final le llegue energía de bajas emisiones, eficiente en precios y confiable”, puntualiza Acolgen.
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