La decisión del Gobierno de abstenerse de transferir los recursos al sistema de salud, a pesar del llamado del poder judicial, ha provocado un déficit que ahora es un factor clave en la justificación de la intervención estatal a la EPS Sanitas, a la que también se sumó Nueva EPS. Esto genera una responsabilidad directa tanto hacia las EPS como hacia los pacientes que dependen de sus servicios.
Tal apreciación es de la alianza Aliadas, que señala que este tipo de medidas tomadas por el Gobierno fracturan la confianza y aumentan la incertidumbre, generando inestabilidad que no contribuye al progreso de Colombia ni al pleno ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos.
La presidenta de Aliadas, María Claudia Lacouture, destacó que Colombia se destaca por su sistema de salud reconocido a nivel internacional, mayormente gestionado por entidades privadas, las cuales aseguran una amplia cobertura, eficiencia y calidad en la atención médica.
Sin embargo, ignorar los resultados y buscar sepultar este modelo en lugar de reformarlo para corregir sus deficiencias conlleva riesgos significativos, no sólo para la estabilidad institucional, sino también para la salud de millones de colombianos.
Dice que estos ciudadanos han tomado decisiones libres e informadas al optar por el sector privado para salvaguardar su bienestar.
“La intervención de EPS Sanitas implica la prestación por parte del Estado, con infraestructuras y recursos privados, de un servicio fundamental para la vida y la seguridad individual y colectiva. Esta medida atenta contra la libertad de elección y la propiedad privada, derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución y pilares de nuestra democracia”, asegura el gremio.
“Desde Aliadas nos sumamos al llamado de nuestros colegas para convocar a toda la sociedad, al poder judicial y a los entes de control a supervisar y auditar los mecanismos utilizados cuando las reformas, como la de salud, no obtienen el respaldo mayoritario ni el consenso popular en las instancias legislativas”, puntualiza.
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