Acopi pide excluir sanciones en programa de incentivos al ahorro de energía eléctrica

• El gremio indica que se debe tener en cuenta que la Costa Caribe tiene condiciones distintas en su facturación debido al régimen tarifario especial.

No trasladar a los usuarios a través de una resolución las consecuencias por la falta de políticas públicas para prevenir y anticipar la vulnerabilidad ante posibles amenazas y riesgos naturales, es una de las recomendaciones que hace Acopi seccional Atlántico a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), tras un análisis al Proyecto de Resolución 701-039 de 2024, que establece un programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica para prevenir desabastecimiento de la demanda y promover la recuperación de los embalses

En carta dirigida al director de la CREG, Omar Prias, Acopi señala que la gestión del riesgo de desastres naturales es un derecho colectivo que incide directamente en la garantía y ejercicio de los derechos humanos, la cual es responsabilidad del Estado, tal como reza en nuestra Constitución.

En total son cinco las recomendaciones que hace el gremio presidido por Rosmery Quintero. La segunda es no vulnerar al tejido empresarial y a la ciudadanía de la región Caribe, que hoy tiene condiciones distintas en el pago de consumo se energía ocasionado por lo establecido en el artículo 318 de la Ley 1955 que adoptó un régimen tarifario especial que pretendía asegurar la sostenibilidad y la prestación eficiente servicio frente situaciones históricas de las empresas pesadoras del servicio de energía.

El gremio subraya en que se incluyó en la formula tarifaria las pérdidas reconocidas y la opción tarifaria que han originado alzas desmedidas en la facturación del servicio y por tanto no deben estar incluidos en los parámetros a considerar dentro de las medidas que se pretenden adoptar mediante este proyecto de resolución.

Como tercer punto indica: “Estamos de acuerdo en que se debe fomentar una cultura de consumo responsable de energía, pero que esta se haga a través de incentivos y no de sanciones y que la misma no profundice la marcada inequidad de la región Caribe dentro del contexto nacional”.

En un cuarto punto el gremio de las mipymes considera que el proyecto no contempla aspectos importantes que podrían tener un fuerte impacto en los costos asociados al consumo de energía, entre estos que en el sector empresarial el consumo no es estático, sino variable, ya que está sujeto a picos de producción, demanda de clientes y otros factores que impiden mantener una constante en este.

Finalmente solicita que con suma urgencia el Gobierno Nacional determine con claridad los parámetros para que los entes territoriales no adicionen cobros en las facturas de los servicios fundamentales que terminan afectando el acceso y la prestación de estos.

“Las anteriores propuestas se encuentran sustentadas en datos de nuestro Observatorio de la MiPyme y normas de carácter constitucional que señalan que los servicios son inherentes a los fines del Estado. Por lo cual, esta disposición impone al Estado el deber de asegurar su prestación eficiente de los misma a todos los habitantes del territorio nacional”, puntualiza la presidenta de Acopi, Rosmery Quintero.