- Indican que este alivio podría implicar una reducción entre el 7 y el 19% de la tarifa actual.
Con beneplácito fue recibida por los gremios del sector de energía y gas del país el anuncio del Gobierno Nacional de asumir la deuda de la opción tarifaria, que llevará a una reducción de la tarifa a los usuarios en todo el país.
“Desde los gremios Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y SER Colombia, celebramos y acompañamos la decisión del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, anunciada el 7 de mayo en la ciudad de Barranquilla, de que el Gobierno Nacional asumirá la deuda asociada a la opción tarifaria, en línea con lo que habíamos planteado previamente”, indicaron las agremiaciones en un comunicado.
Explican que esta medida implica el pago por parte de la Nación del monto del saldo adeudado por los usuarios del servicio de energía eléctrica a los prestadores de este, que aún se encuentran aplicando la opción tarifaria y/o están en proceso de recuperación de sus saldos. Destacan que esta decisión se convertirá en un alivio efectivo para las tarifas de los usuarios a los que se les viene cargando este valor, en un momento importante para el país.
El monto total estimado de los saldos acumulados que hoy se tienen es de alrededor de $5 billones, de los cuales cerca del 50% corresponde a la Costa Caribe; según los saldos de cada comercializador, este alivio podría implicar una reducción entre el 7 y el 19% de la tarifa actual.
“Adicionalmente, destacamos todas las iniciativas de implementación de techos solares y generación distribuida que ayudarán a aportar más energía limpia al país y a proporcionar mayores herramientas para que los usuarios tomen decisiones sobre sus propios consumos, que deben ser cada vez más eficientes. Los gremios en mención apoyamos en forma decidida las Comunidades Energéticas y el empoderamiento que estas representan para los usuarios del país”, indican.
Finalmente los gremios y sus empresas afiliadas ratificaron “su mayor disposición para seguir contribuyendo en la construcción e implementación de medidas sostenibles, consultadas y evaluadas, que respondan al ordenamiento constitucional y legal vigente, permitan garantizar el abastecimiento seguro y confiable de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural, en el marco institucional actual a través de espacios de participación amplios e incluyentes con todos los actores del sector”.
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