Gran molestia ha causado en la ciudadanía el reinicio desde este fin de semana del pago del peaje de Turbaco para las categorías I y II, que estaba suspendido a través de actos administrativos del Ministerio de Transporte.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), dijo que el cobro se reinició porque estas suspensiones expiraron el viernes 17 de mayo a las 11:59 p.m., “sin que sea posible, desde la ANI, sugerir al Ministerio de Transporte la emisión de nuevos actos administrativos para modificar la estructura de financiación del proyecto que, como se ha informado en las mesas de participación, presenta dificultades financieras”.
Este peaje forma parte de la estructura financiera del proyecto concesión Autopistas del Caribe, cuyo contrato fue firmado entre la ANI y el concesionario desde el 06 de septiembre de 2021.
La ANI precisa que tras 15 mesas de trabajo con comunidades, autoridades locales y órganos de control, en las que ha demostrado su voluntad e interés en el análisis de 6 escenarios propuestos, no ha sido posible encontrar una alternativa que permita el cierre financiero del proyecto, por lo que este no cuenta con viabilidad financiera.
Recuerda que la concesión Autopistas del Caribe es una Iniciativa Privada, en la que el originador tiene la responsabilidad de realizar, por su propia cuenta y riesgo, la estructuración del proyecto. Este tiene una inversión para la construcción de $2,33 billones (Capex) y de $4,42 billones para la operación y mantenimiento (Opex).
Conforme a la Ley 1508 de 2012, la fuente de financiación del proyecto proviene en su totalidad, es decir, el 100 %, del recaudo de peajes, sin posibilidad legal de realizar aportes con recursos del Presupuesto General de la Nación.
Explica que como parte de la estructuración de este proyecto el concesionario definió para su financiación una estructura tarifaria a partir del recaudo de 6 peajes existentes (Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Galapa y Sabanagrande) y 1 peaje nuevo (Arroyo de Piedra), de los cuales, el peaje de Turbaco representa el 39 % del total del tránsito promedio diario (TDP) del proyecto y Arroyo de Piedra el 7 %, es decir, que entre los dos representan el 46 % del tráfico del corredor.
“Durante la ejecución del contrato, no ha sido posible implementar la estructura tarifaria sobre la cual se diseñó el proyecto, dado que no ha sido posible implementar los incrementos contemplados en la estructura tarifaria, que incluyen aumentos hasta del 139,71% + IPC en la tarifa de peajes”, manifiesta la ANI.
De acuerdo con la entidad, el peaje de Arroyo de Piedra debía iniciar su operación en octubre de 2022, pero por situaciones de orden social se aplazó la construcción.
En cuanto al de Turbaco se levantó la talanquera el 01-12-2021 hasta el 03-04-2023 por oposición de la comunidad. Se reactivó el cobro el peaje del 03-04-2023 al 13-04-2023. Por situación de orden público, el Ministerio de Transporte suspendió el cobro del 14-04-2023 al 15-08-2023 mediante actos administrativos. Desde el 16-08-2023 se reactivó el cobro en categorías III, IV y V y se mantuvieron suspendidas las categorías I y II, esto por seis meses, prorrogados el 15-02-2024 por otros tres meses. El sábado 18 de mayo se reactivó el cobro a estas dos últimas categorías.
No se ha alcanzado el recaudo
Explica la entidad que dado que no se ha alcanzado el recaudo requerido para la ejecución del proyecto, ha sido necesario compensar los recursos a través de una subcuenta especial, por un valor de $84.903 millones para suplir el recaudo de Turbaco, el diferencial tarifario y la no operación del peaje Arroyo de Piedra, quedando por pagar $70.744 millones y, adicionalmente, con una proyección de $95.917 millones que se causarían entre enero y octubre de 2024.
El pasado 07 de mayo de 2024, la ANI recibió notificación que busca compensar al concesionario por la no operación y el recaudo del peaje de Turbaco, la no instalación del peaje Arroyo de Piedra y las afectaciones por la pandemia COVID-19.
Peajes, un componente fundamental para financiar las obras en Colombia
La Agencia Nacional de Infraestructura precisa que acercar a las ciudades y al campo requiere de la existencia de amplios y suficientes corredores viales, que traducen beneficios para las comunidades y el territorio en materia de desarrollo económico, competitividad, productividad, integración regional, cultural, social y comercial.
Añade que los peajes concesionados en Colombia, a su cargo, son un componente vital para el financiamiento de los proyectos carreteros, los cuales, desde el momento de su estructuración, su construcción, hasta su operación y mantenimiento, representan miles de millones de pesos.
Puntualiza en que no respetar el funcionamiento de los peajes podría generar costos altísimos al Estado, pues el modelo concesionado es un sistema en el que un privado suministra el dinero para construir aquellos proyectos de miles de millones de pesos que necesitan las poblaciones y recibe ganancias durante un tiempo estipulado.
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