Fedemaderas, el gremio que representa a más de 570 actores vinculados con la proveeduría del recurso forestal, asegura que el Plan Nacional de Desarrollo encabezó una tormentosa lista de desincentivos a la industria forestal y de producción de madera, retirando las exenciones de renta para nuevas plantaciones forestales e inversiones en aserríos y disminuyendo al 50% la posibilidad de no causación en el mercado de carbono para segundos turnos de cosechas.
Ademas, dice que la importación de material vegetal, que el mismo gobierno había introducido al país desde las décadas de los 60s y 70s, “ahora exige licencia ambiental aportando a una incertidumbre jurídica, acrecentada por cambios en el uso de la tierra por interpretaciones de algunas Corporaciones Autónomas Regionales, así como por proyectos de ley que con impulsos del ejecutivo desalientan la utilización de grandes extensiones para apalancar el establecimiento de industrias a escala, debilitando consigo la inversión extranjera directa”.
Juan Miguel Vásquez, Director Ejecutivo Nacional de Fedemaderas, más recientemente ha puesto alertas en la red sectorial sobre la no apropiación de recursos en 2024 para el Certificado de Incentivo Forestal – CIF, único incentivo sectorial que no solo beneficia el establecimiento de nuevas plantaciones forestales, sino que además repercute de manera regresiva, afectándose más el pequeño y mediano reforestador.
Comenta el gremio que han sido infructuosos sus llamados al gobierno nacional para solucionar los anteriores temas, así como obtener información de primera mano sobre el futuro del CIF en Colombia.
“Al incrementarse día a día la incertidumbre para nuevos proyectos forestales, la cantidad de madera que se proveerá al eslabón transformador parece tener una sin salida, toda vez que la comercialización de la madera proveniente del bosque natural no está garantizada, pues las condiciones propias de su modelo de negocio no pueden competir con la madera reforestada que industrias como la bioenergía y la construcción sostenible demandan”, expresa Vásquez.
Añade que para un Núcleo de Desarrollo Forestal, más del 50% de la estructura de costos se ve impactada por los costos de transporte y de las tasas de compensación que se deben pagar a las Corporaciones, asunto que de no resolverse hace inviable financieramente el modelo. Indica que también y de tiempo atrás varios llamados sobre este particular se han realizado al gobierno nacional, sin hasta ahora prestarse la debida atención.
“La seguridad alimentaria es un tema de la mayor importancia, tanto como lo es la seguridad forestal y del recurso maderable, pues ambas redes económicas, sociales y ambientales brindan los recursos para miles de personas y familias”, afirma el gremio.
Cifras
Según los datos oficiales, el país cuenta con 28 Núcleos de Desarrollo Forestal que podrían gestionar poco más de 279 mil hectáreas de bosque natural y 542 mil hectáreas de plantaciones forestales comerciales. Con ello logra movilizar 3,2 millones de m3 para satisfacer poco más del 50% de la demanda nacional.
Al ser un importador neto desde hace más de 15 años, las exportaciones que a diciembre de 2023 ascendieron a USD676 millones se concentran en productos varios de la economía forestal, mobiliario, pulpa y cartón.
Existiendo una balanza comercial deficitaria de USD731 millones, la red forestal y de la madera aportan al PIB cerca del 0,9% a 2022, moviliza recursos por USD3,3 billones y genera en su encadenamiento completo 215 mil empleos directos e indirectos e incorpora a más de 4,2 mil familias con aprovechamientos sostenibles del bosque natural. Si a este aporte se agregan los recursos del mercado voluntario de carbono movilizados a través de los proyectos asociativos y de REDD+ para contener la deforestación del bosque natural, el aporte al PIB podría incrementarse hasta el 1,07%.
De acuerdo con el gremio de la madera, una radiografía a mayo de 2024 presenta no obstante una situación que genera dudas sobre la efectiva cohesión de las políticas del gobierno nacional en materia de contención a la deforestación, legalidad y descarbonización, con las acciones puntuales de algunos ministerios y sus entidades ejecutoras.
Así las cosas, considera que la incertidumbre y la pérdida de incentivos se convierten en un listado que continúa creciendo y que a mediano plazo compromete aún más el déficit del autoabastecimiento de madera para el país.
“Muestra claro de ello lo ha publicado el mismo Ministerio de Agricultura a través de su último boletín forestal, en donde la edad de las plantaciones forestales de entre 11 y 15 años comprenden el 29% del total nacional, entre tanto las edades más jóvenes entre 2 y 5 años apenas representan el 11%. En 10 años Colombia vivirá las consecuencias si no actuamos ya de manera diferente”, puntualiza.
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