La Cámara Colombo Americana, Amcham Colombia, expresó su preocupación por el impacto que tendrá en el comercio exterior de Colombia la falta de detalles y la implementación del Decreto 659, expedido el 22 de mayo de 2024, que modifica la normativa aduanera del país.
En tres puntos AmCham resume los inconvenientes de este nuevo estatuto aduanero:
- No hay plena garantía de las capacidades administrativas del Estado: el nuevo decreto obliga a todos los importadores a declarar, de manera anticipada, todos los bienes que llegarán al país. Esto representa una gran carga de información que deberá ser procesada por la autoridad aduanera en los puertos de arribo de la mercancía, pero también por entidades clave en el comercio como son el ICA y el Invima, sobre las cuales y al igual que en la Dian no existe claridad sobre si tienen la capacidad de personal, recursos y tecnología para manejar este alto volumen de información de manera oportuna.
- Ausencia de plan de implementación divulgado previamente para que los actores y participantes del comercio exterior puedan acoplarse a las nuevas decisiones gubernamentales: si bien el decreto entra a regir 15 días después de su publicación en el Diario Oficial, gran parte de los artículos están supeditados a la certificación de la entrada en funcionamiento de los Servicios Informáticos Electrónicos. Sin un calendario específico, es difícil para las empresas planificar y adaptarse a los nuevos requerimientos. Podrían colapsar puertos y aeropuertos afectando procesos productivos en todo el país.
- Pérdida de avances en operaciones seguras: Con el nuevo decreto se pierden los beneficios de los Operadores Económicos Autorizados que habían recibido autorización para el procesamiento de mercancías tras haberse validado los altos estándares de sus procesos aduaneros y de seguridad agilizando la operación de comercio exterior en un ejercicio ejemplar articulación público-privada. Ahora estas operaciones engrosarán la lista de declaraciones anticipadas congestionando aún más la operación.
“Desde AmCham Colombia solicitamos al Gobierno Nacional una revisión detallada y la aclaración de estos aspectos para evitar que las nuevas regulaciones no perjudiquen la eficiencia operativa y competitividad del comercio en Colombia. El decreto contiene un enfoque sancionatorio que no promueve, defiende, ni agiliza el comercio exterior formal”, indicó María Claudia Lacouture, presidenta de este gremio.
Añade que “en un contexto de desaceleración económica aumentar los trámites y el tiempo de las operaciones representa una pérdida de competitividad que se traducirá en sobrecostos para las empresas y de allí a los usuarios finales de las mercancías que lleguen al país. Estos sobrecostos tendrán, además, efecto negativo en la lucha contra la inflación que el país viene librando desde hace varios meses y en el proceso de reactivación económica que necesita el país”.
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