julio 23, 2024

Los tres problemas que tiene la reforma pensional, según el Instituto de Ciencia Política

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) expresó sus reparos a la propuesta del Gobierno Nacional que plantea la entrada en vigor de la reforma pensional para el 1 de julio de 2025.

De acuerdo con proyecciones del Gobierno, el proyecto deberá ser aprobado en la Cámara de Representantes antes de que termine el periodo legislativo, es decir, el próximo 19 de junio, para convertirse en ley.

El Instituto considera que, si realmente se busca mejorar el sistema pensional y no se trata de una medida cortoplacista con fines políticos de cara a las elecciones presidenciales del 2026, la entrada en vigencia debería ser después de dichas elecciones.

“En el ICP insistimos en tres problemas que se profundizarían con una mayor centralización de las pensiones en el sistema público y una implementación acelerada de la reforma, esperamos estos sean considerados en la Plenaria de la Cámara”, precisa la entidad.

Estos problemas son:

  1. Problemas Técnicos y Administrativos: Colpensiones enfrentaría un desafío masivo, pasando de manejar 6 millones de afiliados y $8.9 billones anuales a 24 millones de afiliados y $24 billones. Sin un plan claro, la operatividad de la entidad entraría en estado crítico.
  2. Problemas Jurídicos: la Procuraduría advierte que existen al menos 45 puntos sin reglamentación adecuada en la Reforma. Estos vacíos legales podrían vulnerar derechos de los afiliados y obstaculizar el funcionamiento del sistema.
  3. Problemas de Eficiencia y Calidad: Colpensiones reconoce actualmente 10.000 pensiones al mes y a un alto número de solicitantes, la entidad no les cumple con los términos de la ley. Con la carga adicional, los términos de respuesta podrían empeorar aún más, afectando a miles de colombianos.

El ICP además considera que debe revisarse la gestión del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo por parte del Banco de la República, ya que, podría afectar negativamente la política monetaria y no asegurar la capitalización ni la propiedad de los ahorros de los colombianos.

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