No fue bien recibido por comunidades y gremios de Atlántico y Bolívar, el anuncio de la ministra de Transporte, María Constanza García, del pronto inicio del cobro de valorización sobre las vías 4G y que arrancará con un piloto en la vía Barranquilla – Cartagena (Vía al Mar y Circunvalar de la Prosperidad).
Se rechaza que el cobro se vaya a dar sobre una vía que aún no ha sido terminada, por la magnitud de la zona cobijada y por el impacto económico que esto significará.
El Comité Intergremial de Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar, lideran este rechazo teniendo en cuenta además que el dinero recaudado no se invertirá totalmente en el mantenimiento de esta vía, sino que será direccionado a toda la infraestructura nacional.
“Desde el Intergremial Atlántico no estamos de acuerdo con ese cobro de valorización”, sostuvo Efraín Cepada Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, quien añadió que este cobro va a abarcar una porción muy grande de Puerto Colombia, casi todo ese municipio, así como una parte importante del norte y noroccidente de la ciudad de Barranquilla. “Va a abarcar también municipios como Piojó, Juan de Acosta y Tubará, en gran medida, algo de los municipios de Galapa, Soledad y de Malambo”, anotó.
“Se constituye en una amenaza de confiscación”, dijo.
Precisó el ejecutivo, el cobro se va a realizar en un radio de 5 kilómetros, desde el eje de la vía, tanto de la Vía al Mar en Barranquilla como la Circunvalar de la Prosperidad, rango en el que hay habitantes que no necesariamente son usuarios de esta vía y a los que igualmente se les va a cobrar esa valorización.
Cepeda Tarud anotó: “Estamos muy preocupados con el tema y es un cargo o contribución adicional y una sorpresa adicional que nos regala, entre comillas, el Gobierno nacional”.
Igualmente, el presidente del Consejo Gremial de Bolívar, Juan Camilo Oliveros, reiteró en la preocupación por el hecho que el impuesto recaudado se destinaría a otras regiones del país en lugar de invertirse en la culminación de la vía. “Esa plata se va a aplicar a otras regiones del país. Acá tenemos unas obras que no se van a cumplir, por lo tanto, rechazamos completamente que ese instrumento se vaya a llevar a cabo”, sostuvo Oliveros.
Cabe señalar que en febrero pasado, estos gremios solicitaron al Ministerio de Transporte que “los recursos recaudados mediante valorización de la vía Cartagena-Barranquilla se utilicen para financiar la construcción y mantenimiento en doble calzada de los 60 kilómetros que no están incluidos en la concesión Ruta Costera, al ser una fuente libre”.
El alcance
La Ministra de Transporte indicó recientemente que en el tramo Barranquilla-Cartagena, se proyecta un cobro de aproximadamente $2,8 billones. Cálculos iniciales estimaban el recaudo en $724 mil millones, pues se hablaba de unos 60.000 predios. Hoy se proyecta que son unos 240.000 predios sobre los que se hará el cobro. “El gravamen se aplicará a un 2% sobre el valor comercial de bienes urbanos y un 3% sobre viviendas campestres”, indicó Efraín Cepeda Tarud.
El recaudo varía según cada proyecto. A nivel nacional, se estima un potencial máximo de recaudación de unos $20 billones.
El cobro realizará alrededor de las vías 4G, que abarcan cerca de 5.000 kilómetros en todo el país. Este impuesto de valorización comenzó a plantearse en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. También fue discutido en el gobierno de Iván Duque, y ahora es revivido por el presidente Gustavo Petro.
El argumento es la dificultad para conseguir recursos para financiar obras de impacto en el país y el hecho que los ingresos que generan los peajes, varios de los cuales presentan inconvenientes, no son suficientes.
Además, de acuerdo con la Ministra García, las inversiones del Estado en las 4G han generado una valorización del suelo y, a partir de esa contribución, se busca recuperar parte de esos beneficios, lo que permitirá financiar más proyectos a nivel nacional y local.
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