Gremios piden derogar resoluciones sobre valorización en vía Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad

El Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar solicitan al Ministerio de Transporte derogar las resoluciones 1729 de 2023 y 2615 de 2024 de Invías, mediante la cual se pretende cobrar la contribución de valorización nacional en la zona de influencia del corredor costero Cartagena – Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad.

Los gremios basan la petición en el hecho de que estas resoluciones violan principios constitucionales y legales, tal cual se señaló en la acción de nulidad que presentaron ante el Consejo de Estado el pasado 9 de julio de este año, es decir hace un mes.

Indican que los vicios de nulidad señalados en dicha acción de nulidad se relacionan con:

• Retroactividad del cobro contraviniendo el artículo 363 de la Constitución, que lo prohíbe para las leyes tributarias.
• Inadecuada determinación del beneficio, violando la Ley 1819 de 2016 que exige demostrar un beneficio económico concreto para los inmuebles afectados.
• Deficiencias en la zona de influencia que fue delimitada sin seguir los criterios técnicos establecidos por la normativa.
• Falta de estudios técnicos y socioeconómicos para establecer la capacidad de pago de los contribuyentes.
• Errores en la determinación de la base gravable que se estableció sin descontar ingresos ya generados por peajes, lo que vicia el cálculo del monto distribuible.
• Método de distribución cuestionable que carece de criterios objetivos por basarse en metodologías inapropiadas y no contextualizadas, que no reflejan adecuadamente la capacidad de pago de los contribuyentes.

Los gremios también piden rechazar la propuesta hecha por la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, de que se acepte el cobro de la valorización nacional en la Vía al Mar Cartagena – Barranquilla sobre la base de destinar un porcentaje del recaudo a obras de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Cesar porque no se puede negociar a partir de decisiones que no tienen fundamento legal.

Señalan que no puede el Gobierno condicionar la ejecución de proyectos fundamentales para esta región al pago de dicha contribución cuando debieron incluirse en el Presupuesto Nacional de este año y del 2025.

Además, consideran que es inequitativo con los departamentos de Atlántico y Bolívar que el Gobierno pretenda imponer una contribución nacional sobre la Vía al Mar Cartagena – Barranquilla, de 110 kilómetros, de los cuales aproximadamente el 60% está en calzada sencilla, y que incluya dentro de su cobro a hogares de Sisbén C que son familias vulnerables en riesgo de caer en pobreza.