La Liga de Usuarios de Servicios Públicos se une al rechazo que ha generado en varios sectores el anuncio por parte del Gobierno Nacional de implementar la Ley 1819 de 2016 de Contribución Nacional de Valorización, aprobada en el gobierno Santos y reglamentada en el gobierno Duque.
El Ministerio de Transporte ha decidido empezar a aplicarla en la Costa Caribe, en Bolívar (Cartagena y Santa Catalina) y Atlántico (Barranquilla, Puerto Colombia, Malambo, Soledad, Galapa, Luruaco, Piojó, Juan de Acosta y Tubará). El impuesto se aplicaría en la Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena y en la Circunvalar de La Prosperidad, Atlántico.
De acuerdo con la Liga de Usuarios, “el Ministerio de Transporte no ha tenido en cuenta la grave situación económica por la que estamos atravesando en la Región Caribe, sufriendo las tarifas eléctricas más altas del país convertidas en impagables, desempleo de dos dígitos, informalidad laboral por encima del 55%, decrecimiento de la industria, el comercio y la construcción, entre otros factores perturbadores. En una palabra, ¡la Costa no aguanta más impuestos!”.
Añade que muchos analistas han denunciado la ilegalidad de este tributo, porque viola el artículo 363 de la Constitución Nacional que establece: “Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad”.
De acuerdo con Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios región Caribe, la Circunvalar de la Prosperidad fue entregada en su totalidad en el año 2018 y la Vía al Mar fue recibida en 2022 por la Nación. Son 109,9 kilómetros de vía entre las capitales de Bolívar y Atlántico.
El gobierno espera obtener un recaudo de $720.000 millones de pesos, que saldrían de los bolsillos de los propietarios de 140.000 predios (de un total de 248.000 inmuebles).
“Se impactaría el 56,45% de las propiedades, la mayor parte de las mismas, por lo que no resulta convincente lo que dijo la ministra de Transporte, María Constanza García, en un debate de control político en el Senado de la República, al afirmar que se van a exonerar los estratos 1, 2, 3 y las Unidades Agrícolas Familiares de los campesinos, teóricamente la mayoría de la población, según las facturas de los servicios públicos”, expresó Alarcón.
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