El pasado 7 de mayo, en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno asumiría la deuda que tienen los usuarios del servicio de energía con las comercializadoras desde la pandemia. Ese compromiso se llama Opción Tarifaria, que ha sido uno de los componentes que ha disparado las tarifas en la región Caribe.
Lo hizo durante la jornada Gobierno con los barrios Populares, llevada a cabo en el barrio La Esmeralda en el sur de la ciudad. Allí dijo: “Esa deuda tiene que titularizarse, es decir se convierte en deuda pública de la Nación. La Opción Tarifaria que debía pagar la familia a las comercializadoras en energía eléctrica debe pagarla la Nación y eso se llama títulos de deuda pública nacional. Debemos sincerar la deuda, poner en blanco y negro las mentiras que dijo Duque y pagar como Nación”.
A nivel nacional estas deudas suman cerca de 6 billones de pesos, y en el caso concreto de la región Caribe, alcanzan más de $2.5 billones, distribuidas así: $987.520 millones corresponden a Air-e y $1.507.566 millones a Afinia.
El 23 de mayo, también en Barranquilla en un seminario de Andesco, el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, aseguró que la entidad ya había girado $280 mil millones en desarrollo del compromiso del gobierno de asumir la Opción Tarifaria.
El funcionario dijo al respecto: “Quiere decir esto, que Findeter va a colocar 2 billones de pesos para la Opción Tarifaria y estos 2 billones los va a recoger el Gobierno en 2025; y el Ministro de Hacienda nos ha dicho que inicialmente van a asumir la deuda de los estratos 1, 2 y 3”.
Posteriormente se aclaró que para cumplir la promesa, se requiere de una ley que le dé vía libre al Gobierno Nacional para asumir el señalado compromiso. Se creía que ese proyecto de ley iba a ser presentado de inmediato para acelerar el proceso, pero no fue así.
No ha ocurrido nada
Ya se van a cumplir cuatro meses desde el anuncio del gobierno sobre la Opción Tarifaria y no ha ocurrido nada que haga pensar que la ley saldrá en poco tiempo.
Es tal la demora, que incluso el gobernador Eduardo Verano ha dicho que eso es “clavo pasado”, porque los usuarios ya prácticamente han pagado ese compromiso; pero lo que ha conocido El Norte es que esa afirmación está alejada de la realidad, por cuanto en el caso de Air-e terminará de cobrar el señalado componente en enero del 2025, y Afinia en diciembre de ese mismo año.
Así las cosas, a los usuarios de Atlántico, La Guajira y Magdalena les faltan cinco meses para terminar de pagar la Opción Tarifaria; y a los de Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar, 17 meses. Eso en carta blanca significa recibos altísimos de luz durante ese tiempo, es decir, la tortura continúa.
Y continúa, más aún cuando no hay proyecto de ley definido sobre el tema, lo que significa que ni siquiera ha llegado al Congreso de la República. Y en consecuencia hasta ahora todo ha quedado en anuncios.
En promedio un proyecto de ley ordinaria como lo es en este caso, con mensaje de urgencia, dura para ser aprobado menos de dos meses. Si se hubiese presentado por lo menos en julio, ya estuviera a punto de ser aprobado en último debate. Lamentablemente eso no ocurrió y como van las cosas pareciera que no sucederá.
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