Sentencia para eliminar Pérdidas: El real impacto para usuarios de la energía, empresas y gobierno

• Por: SANTOS SUÁREZ BADILLO, Director de El Norte

La lucha por la reducción de las tarifas de energía en la región Caribe se ha venido dando desde varios frentes, pasando por lo jurídico, político, la presión ciudadana y la argumentación técnica.

Todos se habían estrellado contra barreras regulatorias y una actitud férrea de Air-e y Afinia para que no les cambien las reglas del juego con las cuales ingresaron a manejar el mercado de la distribución en la Costa.

El escenario para los usuarios venía siendo cada vez más desalentador, porque nada ni nadie ha podido concretar acciones para que las altas tarifas no les sigan debilitando sus bolsillos, hasta cuando apareció el reciente fallo esperanzador del Tribunal Administrativo del Atlántico.

De cumplirse esta decisión que obliga a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, a revisar los componentes de la fórmula tarifaria, se concretaría un hecho realmente favorable para los usuarios y de consecuencias no muy claras, ni para Air-e y Afinia, ni para el propio gobierno.

Específicamente, se está planteando revisar el componente de Pérdidas Reconocidas, que estableció la CREG mediante la Resolución 010 de 2020, sustentada en el Plan Nacional de Desarrollo o Ley 1955 de 2019, aprobada por el Congreso de la República durante el gobierno de Iván Duque.

En su artículo 318 el Plan Nacional de Desarrollo autorizó al Gobierno Nacional para que estableciera un régimen transitorio especial en materia tarifaria para las actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica en el mercado de la región Caribe, que para entonces atendía la extinta Electricaribe.

Todos pagan el robo de energía

Ese fue uno de los incentivos que el gobierno le otorgó a las empresas interesadas en asumir la prestación del servicio de energía en esta región.

Con las Pérdidas Reconocidas los nuevos operadores les cobrarían a todos los usuarios la energía robada, al igual que aquella que se perdiera por el funcionamiento del sistema de distribución, que son las llamadas técnicas. Y eso ha venido sucediendo con un fuerte impacto en lo que pagan los usuarios mes a mes.

Se estima que las Pérdidas representan en la tarifa cerca de un 20 por ciento. Y como si fuera poco, a eso se le suma la Opción Tarifaria, que también se viene cobrando con un fuerte impacto en el bolsillo de los costeños.

En la Costa Caribe el valor del kilovatio-hora es 300 pesos más caro que en ciudades como Medellín o Bogotá. Y esa diferencia no es precisamente por el componente de Generación, sino por las Pérdidas más Comercialización y Opción Tarifaria.

Significarían unos $200 por kilovatio

La sola eliminación de las Pérdidas significaría una reducción en la tarifa de $200 por kilovatio, según cálculos de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos región Caribe.

Así las cosas, las medidas cautelares impuestas por el tribunal de lo contencioso administrativo, que se dan en respuesta a una Acción Popular presentada por los personeros distritales de Barranquilla y de Santa Marta, Miguel Alzate y Edwar Orozco, respectivamente, parecieran una luz al final del túnel.

Una de las medidas es la convocatoria de una reunión con todos los agentes de la cadena eléctrica del Caribe colombiano, con presencia de todos los niveles del gobierno. Y también de una comisión de expertos para evaluar el impacto de las tarifas en los costeños y plantear las soluciones técnicas al problema, lo cual servirá de insumos a la CREG.

Ahora, al margen de los beneficios que la aplicación de este fallo tendrá para los usuarios, el efecto financiero que tendría sobre Air-e, Afinia y el Gobierno Nacional podría ser de gran magnitud.

Lo anterior en razón a que esta plata que hoy perciben esas empresas por concepto de las pérdidas técnicas y negras o robo de energía, que hoy les toca pagar vía tarifa a los usuarios, tendrán que asumirlas esas empresas distribuidoras y comercializadoras.

Golpe económico de grandes dimensiones

Todo apunta a que en el caso de Air-e este golpe económico sería de enormes dimensiones, dadas sus constantes quejas por la plata que viene perdiendo mensualmente en el negocio a su cargo. Este escenario podría tener consecuencias impredecibles.

No ocurriría lo mismo con Afinia, que tiene como dueña a una poderosa y solvente compañía como lo es EPM.

Ambas reclamarían que decidieron meterse en el negocio para reemplazar a Electricaribe con unas reglas del juego pactadas que ahora no pueden ser cambiadas. Y por los lados del gobierno, aparentemente su situación financiera no le permitiría asumir estas pérdidas. Sería entonces, para estos actores, un escenario de mucha incertidumbre.

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