Con la intención de llegar a un acuerdo con los transportadores del país que permita levantar el paro, el Gobierno Nacional puso sobre la mesa la posibilidad de modificar la resolución actual del alza al precio del combustible, con el fin de que el incremento sea de $200 mensuales, hasta el mes de diciembre.
Además, el Gobierno nacional, en conjunto con los liderazgos de las bases del gremio transportador de todo el país, pretende iniciar mesas técnicas para atender los temas estructurales del sector, y aquellas que se puedan identificar en los espacios.
“El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, reitera su interés en mantener el diálogo, durante estos días de manifestaciones, donde hemos limitado el uso de la fuerza. Creemos en una solución a través del diálogo. Es un momento histórico donde escuchamos a las bases del gremio transportador, por eso nuestra propuesta es acompañar la medida con el desarrollo de mesas de trabajo y atender las causas justas que hoy afrontan, en aras de democratizar el transporte en el país. Esto implica tomar acciones que van más allá de lo planteado durante estos días. La instrucción del presidente es mantener una interlocución directa y disponer de todos los canales necesarios para garantizar una comunicación, en todos los niveles”, declaró la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro.
Este diálogo se da a partir de dos necesidades:
- 1) el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles que en 2023 representó $20,5 billones y
- 2) los requerimientos históricos insatisfechos que han puesto sobre la mesa los representantes del sector.
Las exigencias
No obstante, los transportadores del país exigen principalmente, la eliminación del decreto que autorizó el incremento del valor del diésel y el fortalecimiento de la seguridad en las vías.
Otras de sus peticiones son: la creación de un régimen laboral específico para los transportadores del país, la actualización del sistema de información de costos eficientes (Sicetac), y la promoción de una ley de peajes. También medidas legales que garanticen la formalidad en el sector y el fortalecimiento de la regulación económica.
Las partes no han logrado un acuerdo y el paro de transportadores continúa ya en su cuarto día con graves afectaciones en muchos sectores.
Entre los sectores más golpeados por el paro se encuentran el lácteo, avícola y porcícola. “El impacto es significativo, afectando no solo la distribución de alimentos, sino también los ingresos de miles de productores rurales”, destacó la ministra de Agricultura Martha Carvajalino.
Las cifras del Puesto de Mando Unificado (PMU) revelan la magnitud del problema:
Fenavi reportó que cerca de 17 millones de aves presentan problemas de abastecimiento de alimento balanceado debido a los cierres de vías.
En Cundinamarca y Boyacá, alrededor de 250.000 litros de leche no pudieron ser acopiados ni procesados, según informó Colanta.
El abastecimiento de carne bovina en Bogotá ha caído en un 70%, afectando la llegada de ganado a las plantas de beneficio y generando una escasez del producto en la capital.
Según Fenalco, las ventas del comercio han caído entre un 60 y 80% y se calcula que las pérdidas económicas por los bloqueos pueden llegar a unos 240.000 millones de pesos diarios.
Para mitigar estos efectos, el Ministerio de Agricultura ha implementado medidas, incluyendo la instalación del Puesto de Mando Unificado con la participación de entidades como el ICA, la ADR y la UPRA, y se ha iniciado un diálogo con los gremios del sector para evaluar el impacto en cada subsector y buscar soluciones inmediatas.
El llamado del Gobierno a los transportadores que bloquean las vías en el marco del paro camionero, es que permitan la creación urgente de corredores de abastecimiento alimentario.
Esta medida es fundamental para garantizar el tránsito de productos esenciales, alimentos perecederos y animales en pie, evitando así una crisis mayor en el sector agropecuario.
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