Liga de Usuarios pide auditoría forense para la debacle de Air-e

La Liga Nacional de Usuarios Costa Caribe indica que la posible insolvencia de la empresa Air-e, es una noticia que hay que recibir con beneficio de inventario. En primer lugar, porque el gobierno de Iván Duque prácticamente le regaló los activos e infraestructura de Electricaribe a Air-e y a Afinia, como se ha evidenciado en distinto documentos.

“Está probado que los dueños de Air-e pagaron $285.000 millones de pesos por activos de Electricaribe en Atlántico, Magdalena y La Guajira y la CREG con la Resolución 078 de 2021 avaluó los mismos activos en $2.4 billones de pesos, ocasionando una lesión enorme al patrimonio público y ese abultado valor es la base de las altas tarifas que nos viene aplicando”, afirmó Norman Alarcón Rodas, Coordinador de la Liga Nacional de Usuarios Costa Caribe.

Añade que se sabe también que el gobierno anterior le entregó como garantía del negocio por distintos rubros un billón de pesos a Air-e y otro billón de pesos a Afinia según la Resolución 1877 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, firmada por Alberto Carrasquilla. “También se beneficiaron Air-e y Afinia con el régimen especial tarifario contra los costeños, con la sobretasa del 20% a la comercialización de energía solo en la Costa desde el año 2020; como si fuera poco Air-e ha recaudado casi toda la opción tarifaria que le aprobó el gobierno actual del presidente Petro según Resolución CREG 101 028 de noviembre de 2023 y que ya ha recogido $720.000 millones de un total de $850.000 millones de pesos (en menos de un año)”, manifiesta Alarcón.

Dice que a lo anterior, quedaría faltando las altas tasas de rentabilidad de la distribución y comercialización que tiene Air-e por encima del 12% según resoluciones de la CREG. “Es decir, quedan muchas dudas si después de recibir tan elevadas sumas de billones de pesos, ahora resultan con agobios y que no tiene flujo de caja. Se requiere entonces una auditoria forense lo más pronto posible a la empresa Air-e”, asegura.

La Liga de Usuarios exige la aplicación rigurosa de los principios de auditoría, tanto interna como externa, previstos en la Ley 142 de 1994, artículos 45 a 52, especialmente el inciso cuarto del artículo 51, que ordena a la auditoría externa “obrar en función tanto de los intereses de la empresa y de sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios y, en consecuencia, está obligada a informar a la Superintendencia las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de una empresa”. 

Considera Alarcón que esta situación demuestra el fracaso de la política de privatización del patrimonio público contenida en la Ley 142 de 1994 que le aplicaron a la empresa Corelca que era un patrimonio de toda la región Caribe, para desfallecer con Electricaribe y Air-e. “Son casi treinta años de fracasos de la política estatal en el servicio eléctrico”, puntualizó.