Gobierno afirma que no puede normalizar que se impida el cobro legal en los peajes

• Indica que no pagar los peajes pone en riesgo la estabilidad de los proyectos carreteros y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado.

Los Ministerios de Defensa, Interior y Transporte indicaron que en Colombia bloquear o vandalizar un peaje puede ser considerado un delito de daño en bien ajeno, así como un acto de obstrucción de vías públicas, con penas que van desde 16 a 90 meses y multas hasta 37.5 SMLMV, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

Por lo anterior, el Gobierno indicó que no puede aceptar ni normalizar que se suban las talanqueras impidiendo el cobro legal en los peajes.

La declaración de los ministerios se da frente a las situaciones que se han presentado en algunos peajes del país, como el de Papiros en Puerto Colombia, donde se presentan bloqueos constantes.

El Gobierno dice que está y estará siempre dispuesto a promover y a acompañar las dinámicas de diálogo social y concertación. “Hoy, las acciones implementadas en el país, como las tarifas diferenciales, son producto del diálogo constante con autoridades locales, comunidades y otros actores interesados”, afirman los ministerios en un comunicado.

Añaden que para materializar las grandes obras de infraestructura que necesita el país se requiere de la confluencia de diversas fuentes de financiación.

En ese sentido expresa que las carreteras concesionadas del país se desarrollan mediante Asociaciones Público-Privadas (APP), las cuales se financian mediante aportes del Estado y de los usuarios de las vías, a través del recaudo de peajes; otros proyectos carreteros se materializan a través de Iniciativas Privadas (IP), en las que la Nación no designa recursos públicos, sino que se financian de forma exclusiva mediante el recaudo de peajes.

“Desconocemos el origen de los intereses que han llevado a algunas personas a desinformar frente a los temas abordados en las distintas mesas de trabajo que buscan concertaciones. Nos preocupa, por el riesgo inminente que esto acarrea, la utilización política de los peajes. El Gobierno nacional debe responder al bien general sobre el bien particular y, a partir de ahí, con base en información de contexto territorial, tomar las decisiones pertinentes”, precisan.

Reiteran el llamado a la ciudadanía para que se haga uso del derecho a la movilización social de manera pacífica y responsable y afirman que no son aceptables las vías de hecho que atenten o pongan en peligro a los usuarios de las vías, representantes del Ministerio Público, fuerza policial, y a quienes trabajan en los peajes.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, los peajes están reglamentados a través de la Ley 105 de 1993 que en su artículo 21, modificado por el artículo 1 de la Ley 787 de 2002, establece que para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, se cobrará por su uso, buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Destaca que los peajes son una fuente contractual esencial para la financiación, construcción, operación y mantenimiento de las vías, para la movilidad y desarrollo de las regiones de Colombia. “No pagar los peajes pone en riesgo la estabilidad de los proyectos carreteros y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado”, indican los Ministerios de Defensa, Interior y Transporte.