Cinco razones tuvo la Procuraduría General de la Nación para tomar la decisión de archivar el proceso disciplinario que le venía adelantando a la exministra de las TIC, Karen Abudinen, por las supuestas irregularidades en el sonado caso de Centros Poblados.
Se trata del robo de 70 mil millones de pesos que estaban destinados a conectar con Internet a más de 15.000 escuelas rurales en regiones apartadas del país.
Una de las razones para cerrar el mencionado proceso es que, según la Procuraduría, no se acreditó la conducta irregular de Abudinen en desarrollo de la investigación disciplinaria.
El ministerio público también afirmó que no se encontraron pruebas suficientes para demostrar que la exministra hubiese cometido una falta disciplinaria en el proceso de adjudicación del contrato a la Unión Temporal Centros Poblados.
La Procuraduría afirmó que no hubo responsabilidad directa, dado que las decisiones que se tomaron durante los hechos, no constituyeron una violación a las normas de contratación pública.
Otro argumento es que el proceso se puede archivar cuando se comprueba que el hecho irregular que se atribuye no existió o no hay elementos que comprueben la responsabilidad del investigado.
“Para el ente de control la exministra tampoco tuvo que ver en lo relacionado con la revisión y aprobación del documento que fungió como la garantía bancaria que presentó la Unión Temporal y que resultó falsa”, asegura la Procuraduría.
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