Papiros

• Por Rodney Castro Gullo

Los peajes en el país tienen un concesionario que se hace responsable de la vía, la mantiene, rehabilita, la hace segura y le ofrece a quienes la utilizan, servicio 24 horas de ayuda mecánica, grúa, ambulancia, información turística e información sobre el estado de la vía.  

El valor de los peajes debe ser ajustado cada año teniendo en cuenta la inflación. Pero el año pasado, para los ciudadanos la carga impositiva había sido muy fuerte, por lo tanto, el gobierno tomó la decisión de congelar dicho importe como medida antiinflacionaria, que permitiera contener el incremento del costo de vida y asociado a la cadena de suministros. Para tal efecto expidió el Decreto 050 de 2023. Por esa decisión el gobierno tendría que pagar un déficit de un billón de pesos, lo cual se asume con cargo al Presupuesto General de la Nación, cifra de la que ya se han girado más de cuatrocientos mil millones a las concesiones. Lo anterior significa que todos los colombianos estamos pagando lo que en principio deberían pagar solo quienes usan las vías.

Ese mismo decreto sugiere como mecanismo alternativo para lograr un mayor recaudo, la denominada Contribución Nacional de Valorización (CNV), que contempla la ley 1819 de 2016 y que hoy tiene en alerta a los departamentos de Atlántico y Bolívar.

Las tarifas de los peajes se definen en primer lugar a través de estudios socioeconómicos que evalúan la capacidad de pago de los ciudadanos en el área de influencia. También se tienen en cuenta el estado de la vía, el costo de la obra, su operación y mantenimiento.

El caso Papiros: Esta estación de control tarifario está ubicada en la unidad funcional número 4 de la Concesión Ruta Costera, que es la encargada de la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del trayecto que comprende el tramo Cartagena- Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad. Proyecto ejecutado mediante el contrato de APP 004 del 10 de septiembre de 2014, suscrito con la ANI como parte del programa de Cuarta Generación 4G del Gobierno Nacional. En el 2021 el Grupo ISA a través de su filial ISA INTERVIAL Chile, adquirió la totalidad de acciones de dicha concesión.

De nada ha servido que autoridades, como la procuradora general de la Nación Margarita Cabello, señale que la entidad que lidera desde hace meses ha insistido para que no se cobre ese peaje, que incluso haya interpuesto una acción popular con la medida cautelar del no pago del mismo. O que en su oportunidad el propio ministro de transporte, Guillermo Reyes, haya, no solo ordenando el no pago, sino también mencionando que ya trabajaban en el procedimiento para su desmonte. Mucho menos han funcionado las voces de rechazo del gobernador Eduardo Verano, del alcalde de Puerto Colombia Plinio Cedeño, o el llamado desesperado de la comunidad.

Ha sido un peaje al que se le han identificado falencias técnicas que ponen en riesgo la seguridad vial, por lo que en reiteradas ocasiones se ha recomendado su relocalización. Algunas de sus debilidades: No cumple con la normatividad internacional que establece la distancia que debe existir entre casetas de cobros y que hace referencia a 110 kilómetros. Entre el Peaje de Papiros y el de Puerto Colombia solo hay 10 Kilómetros de distancia; los equipos de atención frente a eventualidades se encuentra en el peaje de Puerto Colombia, no en Papiros, lo cual reduce la posibilidad de una atención oportuna ante urgencias; no cuenta con una berma con las especificaciones técnicas requeridas para el uso de ciclistas y motociclistas; es una caseta de control casi que exclusiva para el cobro tarifario a usuarios que salgan y lleguen a Puerto Colombia, lo que afecta el turismo y la interacción con Barranquilla; produce represamiento vehicular, entre otros.

El peaje Papiros vulnera los principios de seguridad, accesibilidad, calidad de servicio y eficiencia que deben guiar la infraestructura del trasporte. No propende por la competitividad, no mejora la calidad de vida de la comunidad, no disminuye el tiempo de desplazamiento, costos operativos, no fortalece el turismo ni el desarrollo económico de la zona de influencia.

Razón por la cual, grupos de ciudadanos se han mantenido en protesta permanente, buscando una solución urgente y de fondo que resuelva la promesa del ministro Reyes relacionada con el no cobro y su consecuente desmonte. Hace varios meses, por la presión ciudadana, la ANI tenía suspendido el recaudo. El gobernador del Atlántico Eduardo Verano presentó una propuesta para hacerse cargo de la vía, iniciativa que hoy evalúa la ANI quienes han establecido un plazo de dos meses para decidir. No obstante, mientras emiten su concepto, han pretendido seguir cobrando la tarifa, lo que ha crispado los ánimos de quienes pacíficamente protestan, pues ya en ocasiones anteriores se les ha incumplido los compromisos pactados.

La solución a esta problemática la tienen el gobierno nacional y departamental, ojalá la comunicación sea fluida y trasparente entre ellos y con el pueblo. Esperamos con optimismo. Mientras tanto, es menester cuidar a los ciudadanos que han defendido en el peaje los intereses de las mayorías, respetarle los derechos humanos, y nunca maltratarlos. El dialogo, respeto y buen trato deben ser trasversales en todo este asunto. A la Policía, le recomiendo apropiarse de la política de Derechos Humanos y DIH que acaba de lanzar el Ministerio de Defensa.