Ya son siete los congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia, por estar supuestamente involucrados en los actos de corrupción cometidos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En días pasados la Sala de Instrucción de la alta corporación abrió investigación penal contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente.
Y acaba de hacer lo mismo con otros cinco congresistas y un excongresista. Los dirigentes políticos serán citados a diligencia de indagatoria por el presunto delito de cohecho impropio.
Los congresistas supuestamente involucrados son: Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez y Karen Astrith Manrique Olarte, y el exparlamentario Juan Diego Muñoz Cabrera.
Los hechos se relacionan con presuntos acuerdos ilegales y posibles irregularidades en la aprobación de proyectos y contrataciones en la UNGRD.
La Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta para esta decisión más de 50 pruebas documentales que obtuvo a través de órdenes de Policía Judicial, sumados a más de diez testimonios.
Se informó que con estas pruebas se construyó una hipótesis que plantea que los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos sobre operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El entramado criminal habría tenido que ver con proyectos que se ejecutarían en la UNGRD en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
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