Fundesarrollo propone ajustes a la reforma del Sistema General de Participaciones

La Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo) propone ajustes a la reforma del Sistema General de Participaciones para garantizar su efectividad y sostenibilidad.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, diversas entidades y expertos en temas de hacienda pública han expresado su preocupación sobre los posibles efectos negativos de la reforma, como el aumento insostenible del déficit fiscal, la presión sobre la deuda pública y los altos costos de financiamiento.

Esta reforma, aprobada el pasado 29 de octubre por el Senado de la República, tiene como objetivo aumentar las transferencias de recursos a las regiones del país. Dicha reforma debe superar aún dos debates más en la Cámara de Representantes antes de modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución.

Las propuestas presentadas por Fundesarrollo contribuirían a mitigar los riesgos mencionados y asegurar que la reforma contribuya al desarrollo equilibrado de todas las regiones del país.

Estas son las propuestas del centro de pensamiento dirigido por Oriana Álvarez:

1. Aumento gradual de las transferencias

De acuerdo con los cálculos realizados por Fundesarrollo, si la reforma avanza en su forma actual, el costo del SGP podría alcanzar hasta el 8,2% del PIB para el año 2034, un aumento significativo en comparación con el 5,7% estimado en el escenario base. Fundesarrollo propone que este aumento se extienda a 15 años, lo que permitiría mitigar el riesgo de ampliación de las brechas entre las regiones.

2. Fortalecimiento institucional y descentralización gradual

Uno de los principales riesgos de la reforma es que, si no se lleva a cabo de manera adecuada, podría profundizar las desigualdades regionales, especialmente en aquellas zonas con menor capacidad institucional, como la región Caribe. En este sentido, se plantea que la reforma al SGP contemple un presupuesto específico para fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las entidades territoriales. Esto incluiría la adopción de pliegos tipo para los procesos de contratación y la correcta aplicación de la Ley 80.

Asimismo, se propone una descentralización gradual de competencias y recursos, los cuales solo serían asignados a las regiones, departamentos y municipios que demuestren una capacidad mínima, según los índices de rendimiento calculados por el Dane, en áreas clave como la recaudación de impuestos y la ejecución del gasto público.

3. Criterio redistributivo en el presupuesto regionalizado

Fundesarrollo hace un llamado al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Ministerio de Hacienda, para que, al definir el presupuesto regionalizado y las grandes obras de infraestructura, se incorpore un criterio redistributivo explícito para que las inversiones públicas puedan llegar a las regiones con mayores necesidades de desarrollo, evitando que las más avanzadas sigan beneficiándose de manera desproporcionada.