- El predio pasó a manos de 150 familias campesinas del Cesar.
En una diligencia liderada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con el acompañamiento de las autoridades, se realizó la aprehensión material del predio La América, de 1.455 hectáreas, el cual quedó bajo el dominio pleno de la Agencia.
Durante el operativo judicial se realizó la caracterización de las seis familias que se encontraban en La América, quienes luego de escuchar en qué consistía la diligencia, de forma voluntaria desalojaron el predio.
El director de la Agencia, Felipe Harman, quien estuvo al frente de la diligencia, señaló: “Damos por culminada la aprehensión material del predio La América, sin usar la fuerza. La Policía Nacional ha venido articulando lo necesario para dejar esta finca desocupada y hemos llegado a unos acuerdos para que saquen los bienes muebles existentes en el lugar, y hacer la entrega a las familias campesinas”.
El director se refirió a situaciones anómalas durante el procedimiento, al señalar que la finca La América fue registrada por la Agencia Nacional de Tierras como legítima dueña, pero le apareció una inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria por restitución, en un trámite exprés a favor de un reclamante.
Harman Ortiz descalificó la posición del alcalde de Chimichagua, quien, a juicio del director, ha torpedeado el proceso, oponiéndose al desalojo; agregó que en las más de 200 mil hectáreas que ha entregado a lo largo y ancho del país no ha encontrado al primer alcalde que se oponga a un procedimiento legítimo.
En relato realizado por el director de la ANT, el predio La América, ubicado en el corregimiento de Mandinguilla, jurisdicción de Chimichagua, registra en el historial de dueños a personas señaladas por paramilitarismo y narcotráfico como el Ñeñe Hernández hasta 2001, luego pasó a Jaime Blanco Maya, procesado por asesinar sindicalistas de la Drummond y financiar las Auc; Hugues Rodríguez, alias Comandante Barbie, condenado por la justicia colombiana y solicitado en extradición por EE. UU., acusado de estar asociado a hechos de desplazamiento forzado como los de El Prado y El Toco, en Cesar.
En 2007, la Fiscalía embargó la empresa Inversiones Rodríguez Fuentes y en 2023, vía Tribunal, se ordenó el embargo y secuestro del bien y fue puesto a disposición del Fondo de Víctimas. Tal como lo sintetiza el director, jamás la empresa Inversiones Rodríguez Fuentes, pese a todos los procedimientos judiciales, salió del predio.
En la actualidad la Sociedad de Activos Especiales (SAE) lo entrega al Fondo de Tierras y de esta pasó a la ANT. Este predio será nuevo epicentro de paz y desarrollo para las familias campesinas que lo reciben de manos del Gobierno nacional para ponerlo al servicio de la seguridad alimentaria de los colombianos, y superar el pasado violento que jamás deberá revivir en los campos colombianos.
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