La Fiscalía General de la Nación solicitó que la ex consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, sea enviada a la cárcel por su supuesta participación en la entrega de dineros de la corrupción registrada en la UNGRD.
De manera concreta la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, hizo la petición a la juez tercera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
Aseguró tener pruebas contundentes de la participación de Sandra Ortiz en la entrega de plata al entonces presidente del Senado, Iván Name, proveniente del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
“En la ciudad de Bogotá, distrito capital, entre el 12 y 13 de octubre de 2023, usted, Sandra Liliana Ortiz Nova, creó riesgos jurídicamente desaprobados, idóneos y sustanciales al transportar en dos oportunidades las sumas de 1.500 millones de pesos en efectivo para un total de 3.000 millones de pesos, dinero recibido de los funcionarios de la UNGRD, de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, derivado de la contratación ilícita de dicha entidad con destino al presidente del Senado de la República, Iván Leónidas Name”, dijo la fiscal.
Y aseguró que “el dinero ilícito fue obtenido a través de la Comisión de Delitos contra la Administración Pública, tales como interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado”.
Plata llevada al edificio Basel I
También señaló: “El jueves 12 de octubre de 2023, en horas de la tarde, usted recibió en el apartamento identificado con el número 2312 de Residencias Tequendama, ubicado en la carrera décima número 2621 de la Ciudad de Bogotá, distrito capital, una maleta con 1.500 millones de pesos que llevaban López Martínez, entonces director de la UNGRD, y Sneyder Augusto Pinilla, subdirector de manejo de desastres de la misma entidad. Dinero que luego fue transportado por usted y el subdirector Pinilla hasta el edificio Basel I, ubicado en el norte de Bogotá”.
Sandra Ortiz se declaró inocente de todos los delitos que se le imputan, es decir, tráfico de influencias y lavados de activos.
La diligencia fue aplazada para el próximo 3 de diciembre por motivos técnicos que afectaron la comunicación de la juez, quien atendió virtualmente la tercera fase de la audiencia preliminar.
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