Gobierno no asumirá deudas privadas de Air-e para luego devolvérsela a los dueños: Petro

El Gobierno Nacional no asumirá las deudas privadas que tiene la empresa Air-e, anunció el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Lo hizo este jueves 12 de diciembre en Barranquilla durante la Asamblea Popular de la Democracia Energética en el Caribe.

“No vamos a asumir las deudas privadas de Air-e, ese no es el cuento”, subrayó el jefe de Estado durante su intervención.

“Ese sería con el presupuesto como hicieron en gobiernos anteriores, pagarle las deudas y después devolvérselas. No. Ni bobos que fuéramos”, remarcó.

Señaló que la idea es demostrar con la aplicación de diferentes medidas que las tarifas puedes bajar. “Estamos viendo es hacia adelante, cómo podemos en la práctica, aún sin la CREG y sus normas, sino con el régimen vigente que se le puede demostrar al pueblo caribeño que vive bajo la jurisdicción de Air-e, espero que se extienda a Afinia, demostrar wue se pueden bajar las tarifas eléctricas”, manifestó el presidente Petro.

“El objetivo por el que intervenimos Air-e es bajar las tarifas eléctricas en su área de jurisdicción. Ustedes podrán determinar a través de la factura si lo logramos o no. Tendremos que admitirlo, porque si algo no sé en mi relación con el pueblo colombiano es mentir. Aunque es la manera en como se relacionan los políticos tradicionales con su pueblo, le mienten”, añadió el Mandatario.

Hay que recordar que la empresa Air-e es de propiedad de la familia colombiana Ríos Velilla y que en la actualidad está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad que hace parte del Gobierno colombiano.

Tras invitar al pueblo caribeño a lanzarse a las calles para reclamar unas tarifas justas, el presidente Petro arremetió contral los congresistas de Barranquilla y otras ciudades de la Costa, por lo que consideró una traición a los habitantes de esta zona del país.

Sobre esto último el tema se relaciona con la no aprobación en el Congreso de la ley de financiamiento que contenía disposiciones que benefician al usuario del servicio de energía, entre ellas, que el Gobierno asuma el saldo de la opción tarifaria.