La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, fue cobijada con medida de detención preventiva por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La medida fue ordenada por una jueza de control de garantías de la ciudad de Bogotá, estableciendo que se haga efectiva en un centro carcelario.
La jueza argumentó que las pruebas presentadas y sustentadas por la Fiscalía General de la Nación fueron contundentes y que por ello está plenamente justificada la decisión de enviarla a la cárcel.
El ente acusador, durante la diligencia mostró una a una las evidencias con las cuales afirma que Sandra Ortiz estuvo implicada en los hechos materia de investigación, relacionados con el robo multimillonario de recursos que iban destinados a la atención de emergencias en La Guajira y otras regiones del país.
“La medida es razonable, dado que la misma Constitución y la misma ley la prevén, así como el bloque de constitucionalidad. Frente a ello, los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía, en discusión con los de la defensa, prevalecen y soportan esa medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario”, señaló la jueza.
Otros investigados
Es bueno mencionar que por este escándalo están siendo investigados otros altos funcionarios del Gobierno Nacional como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, por supuestamente beneficiar con contratos a cinco congresistas de diferentes regiones del país.
Igualmente, son investigados por parte de la Corte Suprema de Justicia los congresistas Iván Name, expresidente del Senado; y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, por haber recibido 4.000 millones de pesos producto de las mordidas derivadas del contrato de carrotanques para llevar agua a zonas apartadas de La Guajira.
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