El Gobierno nacional anunció recientemente que el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2025 es de 5,3%, con base a la inflación causada. Esta cifra generó rechazo de varios actores del sector que consideran que dicho incremento es insuficiente y causará un déficit mayor en el sistema de salud. Indicaban que el ajuste debía estar sobre el 16%.
La UPC es el dinero que se reconoce por cada afiliado al sistema de salud y que cubre las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS) en los regímenes contributivo y subsidiado.
El Gobierno argumentó su decisión en la imposibilidad de efectuar un cálculo, debido a la baja calidad, poca confiabilidad y las inconsistencias detectadas en la información reportada por las EPS.
Dicha decisión la respalda un estudio del Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), el cual detectó fallos en gestión de recursos y datos de las EPS.
Este ejercicio de contrastación para analizar el cálculo del incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), se realizó en noviembre del año pasado y reveló inconsistencias significativas en los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con serias implicaciones para la sostenibilidad y transparencia del sistema de salud.
Entre los resultados se encuentra el incremento desmesurado de frecuencias reportadas en ciertos servicios de salud. Por ejemplo, la atención domiciliaria presentó un aumento del 97,8% entre 2022 y 2023, mientras que otros servicios de alta demanda, como radiología y laboratorio clínico, crecieron un 79,7% y un 77,9%, respectivamente. También se observaron incrementos significativos en urgencias (51,1%), hospitalización (39,3%) y cirugía general (24,4%).
Estos aumentos contrastan con una capacidad instalada prácticamente invariable en el mismo período, como lo evidencian datos del Registro de Talento Humano en Salud (Rethus), que reportó un aumento del 3,1% en el número de médicos generales y un incremento del 3,6% en la capacidad de consultorios de medicina general.
El informe también llamó la atención sobre los servicios relacionados con el cáncer, como la quimioterapia y radioterapia, en los que las frecuencias aumentaron más del 53% entre 2022 y 2023, a pesar de que la incidencia de cáncer solo crece a una tasa promedio del 4% anual en el país.
Estos resultados no solo evidencian inconsistencias en los datos reportados, sino que plantean interrogantes en los reportes de las EPS.
Otros hallazgos
El análisis detectó 23.410 casos de atenciones registradas a personas que figuraban como fallecidas en la Base de Datos Única de Afiliados (Bdua), con un costo asociado de 79.838 millones de pesos.
En el análisis de medicamentos, el informe reveló que el 3% de los medicamentos reportados no contaban con registro sanitario válido y que el 23% no se asociaban con compras registradas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (Sismed).
Estas irregularidades representaron un gasto total que supera los 119 mil millones de pesos. Además, el 5% de los medicamentos superó los precios máximos regulados, lo que generó un costo adicional de 138 mil millones de pesos al sistema.
El informe también reveló la falta de validación de los datos reportados en procedimientos médicos. En algunos casos, los precios superaron hasta un 1.200% los valores de referencia establecidos, generando una variabilidad significativa en los costos reportados por las EPS.
Recomendaciones
Una de las conclusiones del estudio fue que el Ministerio de Salud subrayó la necesidad de implementar una metodología más robusta para el cálculo de la UPC.
Asimismo, entre las recomendaciones se encuentran realizar una depuración estricta de los datos reportados por las EPS, identificar y corregir inconsistencias, y validar la información frente a bases externas como el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS).
El fomento del uso de medicamentos genéricos y biosimilares también se destacó como una estrategia clave, permitiendo ahorros significativos en tratamientos de alto costo.
De la misma manera, el informe insistió en revisar las prácticas de contratación y precios en los servicios médicos y medicamentos, para evitar distorsiones en los costos reportados.
El Ministerio de Salud afirmó que estas medidas son esenciales para garantizar que los recursos del sistema de salud sean utilizados de manera eficiente y transparente, priorizando las necesidades reales de la población. Este ejercicio de contrastación realizado en 2024 representa un paso importante hacia la mejora del sistema y la confianza de los ciudadanos en la gestión de los recursos públicos.
Más historias
Ecopetrol adquirió la totalidad del Bloque CPO-09, completó la compra del 45% que tenía Repsol
Primera Ruta Rosa de la región formará a 30 mujeres como conductoras de autobuses
Estos son los sectores con más homicidios en Barranquilla y Soledad