“No más abusos con el pretexto de protesta pacífica”: Autopistas del Caribe sobre situación en peaje de Sabanagrande

• La afectación económica por el no cobro del peaje la asume el Estado, que debe compensar al concesionario por esta situación.

Autopistas del Caribe, la asociación público-privada encargada de llevar a cabo el proyecto de concesión vial Corredor de Carga Cartagena- Barranquilla, denuncia que en el peaje de Sabanagrande miembros del Comité No Más Peaje han convertido las instalaciones en su baño personal, haciendo sus necesidades en el lugar y hostigando al personal.

Además, incurriendo en delitos graves como la obstrucción del servicio público al levantar las talanqueras para evadir el pago.

“Estos actos vandálicos atentan contra la seguridad vial y el orden público. ¿Estas son las personas que pretenden liderar la región?”, cuestiona la concesión que exige a las autoridades actuar de inmediato y con todo el peso de la ley para frenar este atropello.

“No más abusos con el pretexto de protesta pacífica”, señala el concesionario, que indicó que ya ha interpuesto varias denuncias. Advirtió que esta situación se viene presentando desde el pasado 6 de diciembre, siendo víctima de diversas vías de hecho y actos de desinformación.

“Estas acciones son un ataque al orden público, ponen en riesgo la seguridad de los usuarios y trabajadores, y afectan de manera directa la sostenibilidad de un proyecto crucial para el desarrollo del Caribe colombiano”, ha señalado Autopistas del Caribe.

Explica que los recursos recaudados en las estaciones de peaje son esenciales para financiar una inversión de $4,3 billones destinada al mantenimiento y construcción de infraestructura importante en Atlántico y Bolívar. 

Añade que, sin los recursos necesarios, cesan las labores de mantenimiento, lo que lleva a un deterioro acelerado de la infraestructura vial, incrementando los costos futuros de reparación y afectando directamente a los usuarios.

Cabe señalar que la afectación económica por el no cobro del peaje la asume el Estado, que debe compensar al concesionario por esta situación.