Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos por segunda vez, el gobierno estadounidense ha intensificado las deportaciones de migrantes, con cifras alarmantes de personas que han sido devueltas a sus países de origen.
Bajo la administración de Trump, que asumió nuevamente la presidencia en 2025, se ha impulsado una política migratoria de cero tolerancia, que ha resultado en un aumento significativo en las deportaciones desde los Estados Unidos hacia América Latina.
Estas deportaciones se han hecho especialmente hacia Colombia, México, Guatemala, Ecuador, Honduras, Brasil y El Salvador, en América Latina. El mayor número se han hecho hacia México, con casi 5.000 y Colombia con cerca de 500.
Se prevé que al final el país que más recepcionará migrantes con esta agresiva política de Estados Unidos, será Venezuela, con aproximadamente 600.000. En ese orden de ideas las autoridades norteamericanas revocaron la prórroga del estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), inicialmente a cerca de 350.000 venezolanos en Estados Unidos
De acuerdo con los datos proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se estima que, hacia Latinoamérica han sido deportados en los últimos diez días algo más de 6.000 migrantes indocumentados.
Las críticas internacionales
La mayoría de estas personas fueron detenidas tras cruzar la frontera sin los documentos migratorios adecuados o por haber infringido las leyes de inmigración.
El proceso de deportación ha sido criticado tanto por organizaciones internacionales como por grupos defensores de los derechos humanos, quienes denuncian las condiciones en las que se llevan a cabo las detenciones y el tratamiento de los migrantes durante su proceso de deportación.
Además, la rapidez con la que se ejecutan estas expulsiones y el trato que reciben los deportados, muchas veces en condiciones precarias, ha generado tensiones en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y los países afectados.
La comunidad internacional, particularmente gobiernos de América Latina, ha expresado su preocupación por la magnitud de las deportaciones. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha manifestado su rechazo a las políticas de deportación masiva, destacando que muchos de los migrantes no representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y que el retorno forzoso a sus países de origen agrava aún más la crisis social y económica en la región.
Mantener la seguridad nacional
A pesar de las críticas, la administración Trump ha defendido su política migratoria como un esfuerzo necesario para mantener la seguridad nacional y el orden en las fronteras de Estados Unidos. La Casa Blanca ha reiterado que las deportaciones continuarán y se intensificarán durante su segundo mandato.
Sin embargo, las masivas deportaciones siguen siendo un tema polémico, y el futuro de las políticas migratorias de Estados Unidos podría estar en juego en las elecciones presidenciales de 2028. Mientras tanto, los migrantes deportados y sus familias continúan enfrentando grandes dificultades para reintegrarse en sus países de origen, mientras que las naciones receptoras luchan por brindar apoyo y asistencia.
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