abril 18, 2025

Rosmery Quintero, directora ejecutiva de Acopi Atlántico.

Acopi Atlántico respalda la ponencia de archivo en el Senado del proyecto de reforma laboral

Acopi, representante de las micro, pequeñas y medianas empresas, manifestó su respaldo a la ponencia de archivo del proyecto de ley que propone una reforma laboral. Además, detalló las seis principales preocupaciones que tiene sobre la mencionada reforma que asegura tiene “efectos adversos para el empleo y la productividad”.

Afirma el gremio que la ponencia de archivo expone de manera clara y fundamentada las razones por las cuales esta reforma no resuelve problemáticas estructurales como el desempleo, la informalidad y los altos costos laborales.

Además, resalta que el proyecto de ley desconoce principios constitucionales fundamentales, como el mandato del artículo 53 de la Constitución, y afecta el derecho a la libre empresa, consagrado en los artículos 333 y 334.

Principales preocupaciones sobre la reforma laboral

  • Disminución en empleos: La reforma podría poner en riesgo más de 450.000 empleos formales, afectando especialmente a las MiPymes, que representan el 80% del empleo en el país.
  • Falta de concertación: No se ha garantizado un diálogo social tripartito efectivo, fundamental en cualquier proceso de reforma laboral.
  • Trámite legislativo inadecuado: La ponencia de archivo argumenta con solidez que el proyecto debió tramitarse como Ley Estatutaria y no como Ley Ordinaria.
  • Impacto negativo en sectores clave: El incremento en los costos por recargos nocturnos, dominicales y festivos afectaría gravemente a sectores como comercio, alojamiento y servicios de comida, limitando la generación de empleo.
  • Falta de aval fiscal: La ausencia de un respaldo del Ministerio de Hacienda impide evaluar el impacto presupuestal de la reforma y su viabilidad dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
  • Medidas contraproducentes: Aspectos como la eliminación del contrato sindical, el incremento de obligaciones en el contrato de aprendizaje y la imposición de cuotas obligatorias de contratación para poblaciones vulnerables, lejos de fomentar el empleo, podrían promover la informalidad y el desempleo.

Un entorno empresarial en crisis

Rosmery Quintero, directora de Acopi Atlántico y presidente del Observatorio Nacional de la MiPyme, afirma que el contexto económico del país sigue presentando retos significativos: “En 2024, el crecimiento económico fue de solo 1,7%, reflejando una desaceleración que impacta directamente la sostenibilidad de las empresas. Esta situación se ve reflejada en el aumento de cancelaciones empresariales, particularmente en las microempresas, cuyo cierre pasó de 53.094 en 2017 a 158.861 en 2021, un incremento del 199% en ese período”.

Añade que las pequeñas y medianas empresas también han enfrentado dificultades. Entre 2023 y 2024, los cierres de pequeñas empresas aumentaron un 16,7%, pasando de 1.500 a 1.751, mientras que las cancelaciones de medianas empresas crecieron un 15,1%, alcanzando 388 cierres en 2024.

Señala que el análisis de los resultados de la Encuesta de Desempeño Empresarial, realizada por el Observatorio Nacional de la MiPyme de Acopi Seccional Atlántico, revela que, en promedio, el 38,9% de los empresarios encuestados experimentó una disminución en indicadores fundamentales como producción, ventas, inversión, rentabilidad y cuota de mercado durante el cuarto trimestre de 2024. En contraste, solo el 21,1% reportó un incremento, mientras que el 39,9% indicó que estos se mantuvieron estables.

“Este desempeño refleja las dificultades que enfrentan muchas empresas para mantenerse en el mercado, lo que en algunos casos puede traducirse en el cierre definitivo de unidades productivas, contribuyendo al fenómeno de destrucción empresarial”, manifiesta, Quintero.

Desafíos del mercado laboral

Acopi indica que el mercado laboral en Colombia ha mostrado una recuperación reflejada en la reducción de la tasa de desempleo del 12,7% en enero de 2024 al 11,6 % en enero de 2025, lo que equivale a la generación de 878.000 empleos adicionales. Sin embargo, persisten desafíos estructurales, como la brecha de género en el empleo, que continúa limitando la participación de las mujeres. La tasa de desempleo femenino es 5,5 puntos porcentuales superior a la de los hombres a nivel nacional.

Además, los sectores con mayor crecimiento en empleo, como la construcción y el transporte, están dominados mayoritariamente por hombres, mientras que las mujeres continúan empleadas en actividades con menor estabilidad y beneficios laborales, principalmente en el sector servicios y el trabajo doméstico.

En términos generales, la población ocupada alcanzó los 22,9 millones de trabajadores, con una mayor generación de empleo en sectores como el comercio (242.000 nuevos empleos), alojamiento y servicios de comida (207.000), educación y salud (139.000), actividades inmobiliarias (87.000) e industrias manufactureras (32.000).

Quintero expone que a pesar de que la industria manufacturera sigue siendo una de las principales generadoras de empleo, su impacto en el PIB fue negativo debido a diversos factores: la alta demanda de mano de obra contrasta con una productividad relativamente baja, afectada por el uso limitado de tecnología y los altos costos de producción. Además, la competencia con productos importados, junto con la escasa inversión en innovación y valor agregado, ha reducido su capacidad de crecimiento y sostenibilidad.

“Uno de los principales retos sigue siendo la informalidad laboral, que afecta al 56,9% de los trabajadores. Dentro de este grupo, 8,2 millones son trabajadores autónomos, quienes desempeñan un papel fundamental en la economía. Sin embargo, la mayoría enfrenta condiciones laborales precarias, sin acceso a seguridad social, estabilidad económica ni mecanismos de protección frente a riesgos laborales”, anotó la dirigente gremial.

Dijo que, al desglosar este fenómeno por tamaño de empresa, se evidencia que las microempresas fueron el mayor generador de empleo en 2024, con un promedio de 14.314.210 puestos de trabajo, representando el 62,3% del total de ocupados. Sin embargo, solo 2.199.809 trabajadores en este segmento contaban con empleo formal, lo que resalta la alta tasa de informalidad.

Un llamado al Congreso

Ante este panorama, reitera su llamado a que el Congreso de la República priorice una reforma laboral que fomente el empleo formal, la estabilidad económica y la sostenibilidad empresarial, garantizando un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la capacidad de las empresas para generar empleo.

Instamos a los Honorables Congresistas a respaldar la ponencia de archivo y a trabajar en una propuesta que responda a las verdaderas necesidades del mercado laboral colombiano, a través de una construcción colectiva basada en el diálogo social y la viabilidad económica”, puntualizó Rosmery Quintero.

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