- Por SANTOS SUÁREZ BADILLO, Director de El Norte
Todos los agentes que componen la cadena energética son conscientes que se necesita ampliar el parque generador que permita atender la creciente demanda que está cerca de superar la oferta de energía eléctrica en Colombia.
Por ello ha sido de buen recibo el anuncio de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en el sentido de convocar una subasta de Cargo por Confiabilidad para que participen proyectos de todas las fuentes, es decir, térmicos, hidráulicos, solares y eólicos, con el propósito de expandir el sector en los próximos años.
En ese sentido, específicamente la CREG publicó el Proyecto de Resolución 701 085, para promover la entrada de nuevos proyectos al sistema durante el periodo 2029-2030 y en adelante. El documento estuvo publicado para comentarios hasta el 10 de abril.
A través de este mecanismo, se asignan obligaciones de energía firme a plantas existentes y nuevos proyectos de generación de energía, de tal forma que, ante condiciones críticas, como las que pueden ocurrir en Fenómenos de El Niño, los colombianos dispongan de un suministro de energía confiable.
Si bien se trata de una disposición con buenas intenciones, expertos estiman que de no hacerse algunos ajustes con miras a disipar una serie de temores entre los inversionistas, al final será poca la participación en esta subasta eléctrica y los resultados no serán los que se esperan.
Desincentivan la inversión
La preocupación pasa por medidas del gobierno que desincentivan la inversión en el sector, tales como establecer techos en la Bolsa de Energía y restringir las negociaciones en esta instancia a sólo un 5%.
Tampoco resulta nada favorable para los generadores el hecho que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios haya expedido una circular que impide la limitación de suministro a aquellas empresas comercializadoras que hayan sido intervenidas como es el caso de Air-e.
Este es un caso que se podría repetir en eventuales nuevas intervenciones, que pone contra la pared al sector generador, porque a pesar de que no les pagan la energía que le venden, en este caso a Air-e, no pueden limitarle el suministro. Quiere decir que les fían la energía sin tener ninguna garantía que se las van a pagar.
Analistas consideran que estas señales son negativas para los inversionistas y configuran un ambiente hostil que atenta contra la posibilidad de éxito de la mencionada subasta de Cargo por Confiabilidad.
Por ejemplo, el exministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, afirma que todas estas disposiciones, sumadas a pronunciamientos del propio gobierno, en el sentido que las actuales tarifas de energía son ilegales, provocan inseguridad jurídica en el sector.
Palos en las ruedas
“¿Quién se va a medir a invertir, a apostarle en este momento a la subasta, con esta inseguridad jurídica, y con el temor que infunde que desde la propia Presidencia de la República estén diciendo que las tarifas de energía que estamos pagando son ilegales?”, se preguntó.
A su juicio en la actualidad “hay un ambiente muy hostil que conspira contra la posibilidad de éxito que tenga esta subasta de expansión eléctrica, que es lo que más necesita el país”. Y señaló que esa apertura de subasta va en la dirección correcta de ampliar la base de generación para que tengamos más oferta de energía en firme, “pero es el propio gobierno el que le está poniendo palos en las ruedas a esa subasta”.
Amilkar Acosta enfatizó que “si a mí me dice el propio presidente de la República que la tarifa que yo estoy pagando es ilegal, no la voy a pagar”. Agregó que en regiones como la Costa Caribe, donde hay una cultura del no pago y el robo de la energía, esa clase de pronunciamientos los incentiva.
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