La Fiscalía General de la Nación investiga al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, por los presuntos delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, por haber nombrado en su gabinete a cuatro exconcejales de la ciudad que, según la ley, aún no estaban habilitados para ejercer funciones en la administración distrital.
El denunciante afirmó que los nombramientos se hicieron pese a que los exconcejales no habían cumplido el período de inhabilidad de un año previsto por la legislación colombiana, que prohíbe a los concejales asumir cargos en la misma administración para la cual ejercieron funciones.
La idea es que los exconcejales involucrados fueron designados en cargos de confianza dentro en la Alcaldía de Barranquilla durante los primeros meses del actual mandato de Char, iniciado el pasado 1 de enero de 2024.
La investigación busca establecer si el alcalde Char actuó con conocimiento de la restricción legal y, aun así, procedió a firmar los decretos de nombramiento, lo cual podría constituir prevaricato por acción, un delito que se configura cuando un servidor público profiere una decisión contraria a la ley.
En desarrollo de este proceso, el alcalde Álex Char fue interrogado el pasado 22 de enero por la Fiscalía General de la Nación, tras la denuncia instaurada en junio de 2024, por el ciudadano José Raúl Rodríguez Jiménez.
Estos son los funcionarios
Los exconcejales que fueron nombrados como funcionarios de confianza del mandatario distrital, son: Elania Redondo Peña, secretaria Distrital de Gestión Humana; Andrés Felipe Rengifo Lemus, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana; Juan Carlos Ospino Acuña, secretario Distrital de Cultura y Patrimonio; y Richard Manuel Fernández Barraza, jefe de la Oficina de Asuntos Portuarios.
Estos funcionarios públicos ejercieron como concejales de Barranquilla durante el periodo 2020-2023, se postularon para ser reelegidos pero perdieron en la contienda electoral y tras terminar sus períodos, el alcalde Char los nombró en enero de 2024 en cargos clave de la administración distrital.
El argumento del denunciante es que con estos nombramientos se violó el Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades para funcionarios públicos, el cual establece que los concejales, al finalizar su periodo o dejar de ser servidores públicos, deben esperar un plazo de 12 meses antes de ocupar un cargo público. Y se exige que renuncien a sus partidos políticos para poder asumir nuevas funciones en el sector público.
La denuncia precisa: “El alcalde Alejandro Char profirió los actos administrativos para nombrar a los antes mencionados en los cargos relacionados después de haber perdido sus espacios en el Concejo de Barranquilla…”,
Régimen de Inhabilidades
También señala que: “Char desconoció, muy a pesar del cuerpo de asesores con los que cuenta en su administración, el Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades para funcionarios públicos. Allí se señala que los concejales, al salir del cargo o dejar de ser servidores públicos, tienen que esperar 12 meses para poder ocupar un cargo público y, de igual manera, haber renunciado a sus respectivos partidos”, indica el documento.
Según El Espectador, la Fiscalía General de la Nación, también llamó a interrogatorio a los señalados exconcejales y luego nombrados altos funcionarios del Distrito para que presenten su versión sobre los hechos.
El Código Penal Colombiano establece que quien cometa prevaricato por acción pagará una pena mínima de 48 meses y una máxima de 144 meses, mientras que la falsedad ideológica en documento público establece una pena que va de 64 a 144 meses.
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