Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la CCI.

Invías dejó de ejecutar más de $1 billón en 2025, denuncia la CCI

El Instituto Nacional de Vías, Invías, cerró la vigencia de 2025 con un balance crítico al dejar de ejecutar más de $1 billón de pesos destinados a obras estratégicas, denunció la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI.

Esta cifra representa el 30% de su presupuesto asignado, una omisión que pone en riesgo la continuidad de al menos 60 proyectos viales fundamentales para la conectividad y competitividad de las regiones colombianas.

Según el informe trimestral “Infraestructura a Fondo” de la CCI, el sector Transporte registró el desempeño presupuestal más bajo de todo el Estado en 2025. Mientras el Presupuesto General de la Nación alcanzó una ejecución del 87%, el sector Transporte apenas llegó al 46,3%.

El señalado gremio afirmó que de los $15,67 billones apropiados para el sector, solo se ejecutaron $7,26 billones. Así mismo, más del 60% de los proyectos a cargo del Invías presentaron una ejecución promedio de apenas el 17,6%.

Proyectos y regiones en vilo

La subejecución presupuestal impacta directamente a corredores nacionales estratégicos y programas de impacto social. Entre las obras más afectadas se encuentran a Troncal del Magdalena, la Transversal del Caribe y la vía Bogotá-Tunja-Duitama-Pamplona-Cúcuta.

Igualmente, la carretera Altamira-Florencia y diversos proyectos en departamentos como Cauca, Putumayo, Córdoba, Boyacá, Casanare, Huila y Caquetá.

De Caminos Comunitarios de la Paz Total: quedaron sin ejecutar $63.200 millones y Colombia Avanza, programa, vital para el Chocó, sufrió un recorte drástico, pasando de $156.000 millones inicialmente previstos a cerrar el año con apenas $140 millones ejecutados.

Para la Cámara Colombiana de la Infraestructura, estas cifras revelan una contradicción entre el discurso oficial y la realidad operativa. Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la CCI, calificó como paradójico que la mayor subejecución se concentre precisamente en las zonas que el Gobierno ha definido como prioridades sociales.

Planteó que la falta de inversión en estos territorios históricamente excluidos, impide el cierre de brechas económicas y la integración de mercados locales, afectando la meta de justicia territorial.

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