En una medida sin precedentes ante la escalada de violencia y los disturbios registrados, el Ministerio de Educación Nacional ha anunciado la activación de una estrategia de intervención en la Universidad del Atlántico y ha solicitado la inmediata instalación de un Puesto de Mando Unificado, PMU, nacional en la institución.
El anuncio fue hecho por el ministro Daniel Rojas, quien condenó los hechos violentos y las denuncias de que personas ajenas a la institución han ingresado al campus armadas.
La decisión de intervenir se produce luego de los recientes disturbios en la sede norte de la universidad, donde una asamblea multiestamentaria terminó en enfrentamientos, dejando a varios jóvenes lesionados.
El ministro Rojas calificó los hechos como “deleznables” y dio instrucciones directas a la subdirección de inspección y vigilancia para que hagan uso de todas las herramientas legales y constitucionales que posee el Ministerio de Educación.
La intervención, según el ministro, se llevará a cabo respetando el debido proceso y con la fuerza que permita la norma, buscando tres objetivos fundamentales: Consolidar la democracia universitaria, materializar el derecho a la educación y salvaguardar la integridad de estudiantes y profesores.
El Ministerio confirmó que se adelanta esta estrategia de intervención después de que los estudiantes denunciaran la presencia de sujetos que, presuntamente, hicieron disparos al aire dentro del centro académico.
Atender grave situación de orden público
La solicitud de instalar un PMU nacional busca atender la grave situación de orden público. El ministro Rojas ha solicitado la participación de múltiples entidades, citando denuncias de que personas ajenas a la institución han utilizado armas al interior del alma máter.
Para la instalación y operación del PMU, se ha solicitado la presencia y coordinación del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Gobernación del Atlántico, Fiscalía y Personería Distrital.
Rojas manifestó haber recibido información de que, presuntamente, personas ajenas a la universidad han ingresado armadas para violentar a estudiantes y profesores reunidos en la asamblea multiestamentaria.
A través de su cuenta en X, el ministro también alertó sobre la presencia de un grupo de personas sin ningún vínculo con la universidad agrediendo a los estudiantes.
Además, advirtió que no es la primera vez que se reciben denuncias sobre estos grupos, conocidos como “coletos”, que aparecen dentro del campus para hostigar violentamente a los estudiantes.
Paro y disputa por la Rectoría
La crisis se agudizó en las últimas dos semanas debido al paro indefinido que mantienen los estudiantes en protesta por la elección del abogado Leyton Barrios como rector. Los estamentos estudiantiles argumentan que Barrios no cumple con los requisitos para el cargo, una denuncia que ha motivado acciones legales.
Los hechos violentos se desataron cuando, mientras los universitarios estaban reunidos, apareció un grueso grupo de personas a manifestar su descontento con el paro, que ya había sido declarado por ocho de las diez facultades de la institución.
El enfrentamiento incluyó el lanzamiento de objetos, golpes y el uso de gas pimienta, hiriendo a varios estudiantes. Los estudiantes, incluyendo a Sherick Barros de Arquitectura, han afirmado que los atacantes eran personas externas y algunos estaban encapuchados.
Respecto a la disputa legal por la rectoría, un fallo reciente del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla declaró improcedente una tutela interpuesta por ex candidatos que buscaban suspender la escogencia de Barrios para verificar sus requisitos.
Dicho fallo establece que Barrios seguirá en la rectoría hasta que la jurisdicción de lo contencioso administrativo resuelva las acciones interpuestas contra su elección o designación. No obstante, el mismo fallo ordenó la suspensión inmediata de la resolución que había expedido el Comité Electoral de la universidad buscando declarar nula su elección.
El Ministerio de Educación ahora se posiciona para utilizar su peso normativo e institucional para restablecer el orden y la seguridad en la Uniatlántico, buscando frenar la injerencia de actores externos armados que ponen en riesgo la vida universitaria.
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