El presidente Gustavo Petro anunció esta noche del 3 de junio que convocará una consulta popular por decreto esta semana. La decisión se basa en el supuesto silencio del Senado frente a la solicitud del Gobierno, que, según Petro, no emitió un pronunciamiento antes del 1 de junio, plazo establecido por la ley para completar su trámite en el legislativo.
En su alocución, el mandatario afirmó: “Voy a decretar la consulta, la Corte Constitucional tendrá en sus manos el decreto de convocatoria de consulta popular que haré esta semana”.
Petro destacó que, debido a la falta de un concepto favorable en el Senado, procederá con la convocatoria por decreto. Además, expresó su esperanza de que la Corte Constitucional respalde esta iniciativa, señalando que se busca “reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, búsqueda de la igualdad, de la libertad humana”. Enfatizó que el derecho no debe ser exclusivo para quienes tienen dinero, sino para todos los ciudadanos.
El presidente también hizo un llamado a la Corte Constitucional para que restablezca el principio de soberanía popular establecido en la Constitución, afirmando que “el único dueño del poder en Colombia es el pueblo”. Enfatizó que, si hay dudas sobre el apoyo popular a la consulta, se debe permitir que el pueblo se exprese en las urnas.
Durante la alocución, Petro indicó que se abstendrá de participar en la campaña, permitiendo que los comités por el “Sí” y el “No” sean los encargados de promover sus respectivas posturas. Destacó que el comité del “No” cuenta con un respaldo económico considerable, mientras que el comité del “Sí” dependerá del apoyo popular para financiar su campaña.
El jefe de Estado expresó igualmente: “Sé que me van a caer todos y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo sebe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia, no hay ningún otro dueño. Y lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo y su votación es ilegítima”.
Se realizaría en el segundo semestre
Esta decisión marca un nuevo episodio en el proceso de consulta popular propuesto por el Gobierno Nacional, que busca que la ciudadanía se pronuncie sobre reformas laborales y de salud. La convocatoria por decreto ha generado reacciones encontradas entre distintos sectores del país, con algunos apoyando la medida como una vía legítima para dar voz a los ciudadanos, mientras que otros advierten sobre los riesgos económicos y jurídicos que podría implicar.
De llevarse a cabo, se realizaría en el segundo semestre del año, según estimaciones del Consejo Nacional Electoral. Para que las iniciativas planteadas en la consulta sean aprobadas, se requiere que al menos la tercera parte del censo nacional electoral participe y que el voto afirmativo sobre las preguntas supere la mitad más uno de los votos.
La convocatoria por decreto de una consulta popular sin el aval previo del Senado ha generado controversia y ha sido calificada por algunos como una “fractura institucional”. La Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la viabilidad jurídica de la iniciativa.
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