¿Se avecina liquidación de Air-e para que el gobierno asuma pleno control del servicio eléctrico por varios años?

• Por SANTOS SUÁREZ BADILLO – Director de El Norte

Tener a su cargo el manejo de Air-e para sacarla de la crisis y hacerla viable, se convierte en uno de los retos más difíciles del Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Sin duda que esta papa caliente requiere de salidas audaces que dejen contentos a todos los integrantes de la cadena energética, especialmente a los usuarios que reclaman tarifas justas y un buen servicio.

El escenario financiero de esta distribuidora y comercializadora de energía, que le presta el servicio a 1.2 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, sigue siendo grave, por las mismas razones que la llevaron prácticamente a la quiebra.

Esos factores tienen que ver con los elevados niveles de pobreza y pobreza extrema en la que viven millones de personas en el Caribe colombiano, que no les permite contar con suficientes recursos para pagar los servicios públicos.

También la cultura del no pago del servicio de energía que algunos dirigentes y gobernantes tratan de esconder, pero que es una realidad que desafortunadamente se ha mantenido en el tiempo.

Y el robo de energía que también se volvió cultural en todos los estratos. Hay usuarios que tienen el hábito de pagar puntualmente el servicio y de no robar luz; pero también los hay, y muchos, que no pagan porque no tienen y se ven obligados a robar; y otros de estratos altos que sí tienen, pero se roban la energía.

Mercado altamente complejo

Se trata entonces de un mercado altamente complejo, del cual no pudieron salir airosos los que hasta el momento han manejado la distribución de energía en la región Caribe. Houston Industries de Estados Unidos, Electricidad de Caracas de Venezuela, y Unión Fenosa y Gas Natural Fenosa de España, no pudieron con esta tarea y tuvieron que irse. Ahora está ocurriendo lo mismo con la familia Ríos Velilla, dueña de Air-e que tuvo que ser intervenida.

Actualmente por el robo de energía la empresa pierde en promedio $1.600 millones diarios, la pasada administración quedó debiendo a las térmicas por las compras de energía en bolsa $400 mil millones, pagos que quedaron congelados antes de la intervención, y en total al mercado quedó debiendo cerca de $800 mil millones.

Las generadoras, ante la falta de garantías por la crisis financiera que afronta esta comercializadora, le terminaron los contratos por temor a que no les paguen y también las lleven a la quiebra.

Según el agente especial, Edwin Palma, la exposición de la compañía en Bolsa, que subió al 55%, la llevó en algunos casos a pagar 3 millones de dólares diarios en la compra de energía. Todo lo anterior, sumado, crean la tormenta perfecta para un desenlace drástico.

Estas son las posibles salidas

Expertos consultados por El Norte, plantearon los que pueden ser caminos para sacar adelante esta empresa, de tal manera que recupere su viabilidad financiera, siga en el mercado y preste un buen servicio.

Una es que ante tamaña crisis la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios extienda la intervención, pero con fines de liquidación.

Como los negocios valen lo que pueden producir, porque así es como funciona la teoría económica básica, Air-e no sería puesta en venta porque lo que produce son pérdidas y muy cuantiosas, y absolutamente nadie del sector privado querría meterse en esta negociación.

Por ello el actual gobierno, con una ideología de estatización demostrada, optaría por quedarse con la prestación del servicio eléctrico en estos tres departamentos de la Costa Atlántica, lo que posteriormente intentaría replicar en Afinia.

En ese orden de ideas acudiría a una empresa del gobierno con experiencia en el sector eléctrico y ubicada en la región. Y ahí estarían disponibles GECELCA y URRÁ. Es decir, a través de alguna de estas generadoras, el Gobierno Nacional asumiría el control del mercado de Air-e, que hoy ya tiene con la Superservicios, pero en calidad de propietario.

Hay otra compañía estatal que es Ecopetrol, la cual haría parte de este proceso, pero no como dueño absoluto, sino posiblemente como socio que aportaría a la capitalización de la nueva compañía. A Ecopetrol no se le puede entregar un hueso, siendo una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York, porque le restaría valor. Además, tiene una gran cantidad de complejidades y restricciones que no se puede saltar.

Tarea de 13 a 15 años

Este escenario contemplaría una tarea de largo aliento, que expertos consultados por este medio, estiman entre 13 y 15 años, como pasó con Emcali. Durante ese tiempo se tendrían que invertir varios billones de pesos para optimizar el servicio eléctrico y profundizar estrategias para combatir el robo de energía y la cultura del no pago.

En ese escenario se consideraría prioritaria la masificación del uso de paneles solares en la población más vulnerable, para que este segmento del mercado, que es gigantesco, disminuya su impacto en las finanzas de la compañía, y se les alivien sus bolsillos.

La idea es que con esa alternativa se baja la presión, porque esa energía que se consuma durante el día, no la facturan las empresas y a esa gran cantidad de usuarios les baja el recibo.

“Eso ayuda, pero hay que hacer las inversiones no sólo en los paneles, sino en las estructuras que se necesitan en los techos para instalarlos”, le dijo un experto a El Norte, agregando que, recuperada y fortalecida la empresa, entonces sí se podría ofrecer al sector privado.

Contratar firma experta internacional

Otra de las opciones está relacionada con la contratación de una firma especializada internacional que se encargue de establecer cuáles serían las mejores salidas a este problema, para lo cual deberán tener en cuenta experiencias de procesos exitosos en el mundo.

También explorar la posibilidad de establecer una contribución de parte de los usuarios de todo el país, destinada a subsidiar específicamente a la población usuaria de escasos recursos de la región Caribe.

Y otra de las propuestas que consideran algunos analistas, ampliamente conocedores del tema, es que se segmente el mercado de tal forma que los usuarios en condiciones de pobreza extrema sean atendidos por una empresa diferente a la que atiende la crema o usuarios con capacidad de pago.

Sería entonces una empresa adicional para la población vulnerable, con apoyo pleno del gobierno en materia de subsidios.

Por otro lado, en principio habría sido contemplada la posibilidad que el gobierno con un fondo de la Superservicios saneara Air-e para después devolvérsela a sus dueños. Esto fue totalmente descartado por el presidente Gustavo Petro, quien en su visita a Barranquilla del pasado 12 de diciembre dijo: “Ese no es el cuento…No, ni bobos que fuéramos”.

Por lo pronto el agente especial interventor de Air-e, Edwin Palma, avanza en la tarea de garantizar el servicio, buscar recursos para financiar la compra de energía, combatir el robo de energía en los estratos altos y terminar el diagnóstico actualizado de cómo está la empresa, con base en el cual se tomará una decisión sobre el camino a seguir.