Un litigio judicial ha puesto en jaque el futuro de más de 100 familias campesinas que recibieron la finca La América, en el sur del Cesar, como parte del proyecto de Reforma Agraria impulsado por el Gobierno Nacional.
La venta de la propiedad, que fue adquirida por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la Unidad para las Víctimas, fue declarada ilegal por la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.
La finca, de más de 1.400 hectáreas, fue entregada oficialmente en noviembre de 2024 por el presidente Gustavo Petro y la ANT a comunidades campesinas como parte de los compromisos del Gobierno con la redistribución de tierras.
El predio en cuestión perteneció al desaparecido José Guillermo ‘el Ñeñe’ Hernández, empresario ganadero vinculado a actividades de narcotráfico y asesinato, y cuya propiedad había sido objeto de medidas cautelares como parte de procesos de justicia transicional en el año 2023.
Precisamente, esta es una de las razones por las que el Tribunal de Justicia y Paz concluyó que la venta debe anularse, pues el embargo impedía su comercialización sin autorización judicial. Así mismo expresa el fallo que la finca fue vendida por 16.700 millones de pesos, un valor muy por debajo del avalúo oficial de 26.000 millones, realizado por la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Campesinos en la incertidumbre
Aunque la finca ya fue ocupada por las familias beneficiadas, la decisión del Tribunal ha generado incertidumbre en las comunidades que hoy la habitan y cultivan en ella yuca, plátano y otros productos de pan coger.
Fabián Hernández, uno de los voceros del grupo, aseguró que aún no han recibido información oficial sobre su situación jurídica.
La ANT apela y garantiza permanencia
La decisión del Tribunal de Justicia y Paz fue apelada por la Agencia Nacional de Tierras, que asegura que los campesinos no serán desalojados del predio que se les entregó, así lo confirmó Alexandra Pineda, asesora de la ANT en el departamento del Cesar.
“Usamos ese recurso al que tenemos derecho apegándose a la ausencia de competencias del magistrado con funciones de control de garantías para emitir un pronunciamiento de esa naturaleza y también el error del juez al considerar que la enajenación anticipada afecta el derecho de reparación de las víctimas”, puntualizó la funcionaria.
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