Las 7 recomendaciones que el Instituto de Ciencia Política hace al proyecto de reforma a la justicia

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga – ICP-, a través del Observatorio Legislativo, presenta al Congreso de la República, el Gobierno nacional y la opinión pública, el documento Reforma a la Justicia “Desafíos frente a la humanización de la política criminal y penitenciaria”, en el cual presenta consideraciones y recomendaciones frente al proyecto presentado por el Gobierno Nacional.

Dichas recomendaciones tienen como propósito contribuir al debate político en aras de garantizar que se concilie la visión del Gobierno con las necesidades reales del país y el marco constitucional vigente.

Este documento es el resultado de la tercera mesa técnica del ICP, llevada a cabo el pasado 14 de marzo de 2023 en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer – KAS-.

Las recomendaciones son:

Retirar el mensaje de urgencia radicado por el Gobierno nacional el 13 de febrero.

El ICP considera que al ser una propuesta tan amplia, la reforma a la justicia debería ser discutida en sus cuatro debates como está previsto en la Ley 5 de 1992, pero al tener mensaje de urgencia radicado en el legislativo, se acelera su discusión lo que es innecesario e inconveniente.

Cabe resaltar que, el proyecto de ley debería tener un consenso general, un enfoque integral y criterios técnicos, para buscar soluciones a los problemas que aquejan a la Administración de Justicia, razón por la cual, se debería dar un trámite normal, sin los afanes de las exigencias mediáticas; que responda a los cambios que está requiriendo la ciudadanía.

Eliminar el parágrafo introducido mediante el artículo 21 y 22 a los delitos de terrorismo y concierto para delinquir.

Considera el análisis que estos artículos limitan la función de investigación, acusación y juzgamiento que tienen la fiscalía y el juez de conocimiento frente a estos tipos penales.

En el sistema penal actual, es facultad de dichas autoridades identificar si una situación se enmarca o no en la conducta y cumple con todos los elementos del delito. Introducir un parágrafo que establezca que, bajo ninguna circunstancia, se pueden configurar estos delitos si se está frente a una situación de protesta social, no solo condiciona sus facultades, sino que se presta para que haya impunidad. En ese sentido, se debe respetar esta facultad que tiene, tanto la fiscalía para la imputación como el juez para el juzgamiento, quienes deberán determinar, caso a caso, si se materializan en una conducta los elementos de este tipo penal.

Por otro lado, estas disposiciones promueven la instrumentalización de la manifestación pacífica, un derecho que tienen todos los colombianos (Artículo 37 constitucional), para la comisión de delitos.

Estudiar a profundidad las consecuencias que trae la eliminación del delito de inasistencia alimentaria.

La asistencia alimentaria ha sido considerada un delito, no por capricho del legislador, sino como un mecanismo disuasivo para evitar que los menores de edad caigan en situaciones de desprotección.

Colombia es un país con altas tasas de informalidad, donde el Estado no tiene la capacidad necesaria para vigilar y asegurar el cumplimiento de obligaciones como la asistencia alimentaria, valiéndose únicamente de mecanismos administrativos.

El ICP y KAS indica que esta reforma busca contrarrestar el hacinamiento carcelario y las condiciones inhumanas que se vive en los centros penitenciarios. Por ello, es necesario analizar el impacto que tiene un delito como la inasistencia alimentaria dentro de las cifras de personas privadas de la libertad. Lo anterior, con el fin de identificar si en efecto la eliminación de este delito beneficiaría al descongestionamiento de los centros de reclusión, lo cual es sumamente improbable, pues las condenas efectivas por este delito no son un número significativo.

Eliminar las disposiciones introducidas mediante el artículo 8 de este proyecto de ley.

El parágrafo que se introduce establece que “cuando se trate de los delitos de que tratan los artículos 375, 376, 377 y 382 del Código Penal, el juez podrá conceder este mecanismo, supeditándolo a la participación del condenado en el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) o a cualquier otro programa de tránsito a la legalidad o servicio de utilidad pública diseñado para dicho fin, siempre y cuando se trate de pequeños agricultores en situación de pobreza que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito”.

Dicen las entidades que esta no es la primera vez que se introduce en el ordenamiento jurídico colombiano la posibilidad de eliminar la sanción penal a los pequeños campesinos que se dedican a los cultivos ilícitos. Sin embargo, el proyecto de ley en cuestión permite que estos beneficios se apliquen no solamente frente al cultivo sino también frente a conductas más gravosas y con otras connotaciones como es el tráfico, a saber:

* Conservación o financiación de plantaciones

* Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

* Destinación ilícita de muebles o inmuebles

* Tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos

Así las cosas, estiman que este proyecto de ley pretende flexibilizar las consecuencias penales y suspender la ejecución de la pena frente a estos delitos, lo que puede agudizar las problemáticas. Esta es una ventana de oportunidad para los grupos criminales y delincuenciales que se dedican al narcotráfico, permitiéndoles instrumentalizar a los pequeños campesinos en situación de pobreza, manipular la información pública; entre otras prácticas. Esto fomenta el tráfico de drogas, bajo cualquier supuesto, es un incentivo para delinquir o para reincidir en delitos relacionados.

Considerar la importancia de reestructurar, vigilar y controlar las entidades encargadas del sistema carcelario.

Ello porque es evidente que gran parte de los problemas que existen al interior de los centros carcelarios que no permiten la resocialización de los presos; se debe a la corrupción de las entidades encargadas del manejo de los mismos. Es necesario y oportuno reestructurar estas entidades de manera que sea posible combatir los actos de corrupción que se encuentran arraigados en su funcionamiento

Repensar las propuestas introducidas en el proyecto de ley frente a la flexibilización de los requisitos para acceder a beneficios como los mecanismos alternativos de la pena atendiendo a las experiencias previas y a las capacidades del Estado colombiano.

De acuerdo con el informe, el Estado colombiano no ha sido exitoso en su tarea de controlar la población privada de la libertad, y que esto posiblemente se deba a la falta de capacidades de las entidades encargadas, así como a la corrupción que históricamente ha existido en ellas. La reforma en cuestión propone múltiples medidas que harán que la prisión domiciliaria sea más asequible para los presos, lo que aumentará la población con este tipo de penas.

Si hoy en día el Estado es incapaz de vigilar este sector, ¿qué medidas planea implementar para alcanzar los objetivos de la pena, evitar la fuga y la reincidencia? Esta es otra de las materias en las que el proyecto se queda corto y demuestra ser insuficiente.

Priorizar las medidas de resocialización y aplicar el enfoque de la justicia restaurativa debe supeditarse a garantizar que se proteja a las víctimas de crímenes y delitos de ser nuevamente revictimizadas y de proteger al conglomerado social. No controlar a quienes se encuentran en prisión domiciliaria genera un riesgo para la convivencia y la seguridad ciudadana en el país

Fortalecer la rama judicial y disminuir su congestión.

Incorporar de forma integral e interoperable nuevas tecnologías y crear entornos de conectividad digital para que el país se ponga a la vanguardia de la transformación digital, resolviendo problemas estructurales del servicio de administración de justicia, en particular los relacionados con el acceso, la transparencia, la congestión judicial y la costo-eficiencia, no es sólo oportuno sino necesario.

Puntualiza el documento que el país requiere de un sistema de justicia digital óptimo y funcional. Para que este sea eficiente, es necesario desarrollar fundamentos normativos y normas procesales que gobiernen las actuaciones judiciales por medios digitales. Estos son temas que este proyecto de ley pasa por alto, perdiendo la oportunidad de aplicar estrategias que descongestiona el sistema de justicia, sin perjudicar los derechos de las víctimas.

EL PROYECTO

El proyecto de ley “Por medio de la cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional y se dictan otras disposiciones” está a la espera de discusión en el Congreso de la República, debido a que no han sido designados ponentes en ninguna Comisión.

El documento presentado por el Gobierno nacional cuenta con 83 artículos y 5 capítulos.