¿Dónde están responsables de obras inconclusas por $280 mil millones en Atlántico?

Son muy graves las denuncias de la Contraloría General de la República a propósito de una importante cantidad de obras inconclusas que hay en el departamento del Atlántico.

Esta actitud del ente de control es plausible, si se tiene en cuenta que está de por medio muchísimo dinero de la ciudadanía, tirado en obras que hace varios años comenzaron a ejecutarse y aún no terminan, a pesar de que ya se cumplieron los plazos para su culminación.

Se trata de proyectos por valor cercano a los 280 mil millones de pesos, con atrasos que en algunos casos están cercanos al año, y prácticamente se encuentran abandonados.

Si bien es bueno que la Contraloría haga esta clase de advertencias, la pregunta es ¿Por qué no lo hizo antes que transcurriera tanto tiempo y los proyectos se convirtieran en lo que se llaman elefantes blancos?

También es bueno mencionar la ausencia de la Procuraduría General de la Nación en la búsqueda de respuestas a tan grave irregularidad, con miras a determinar responsabilidades de carácter disciplinario de los funcionarios públicos involucrados.

Ni qué decir de la Fiscalía General de la Nación, que al margen de quien haya estado o esté al frente de la entidad, lo que ha mostrado hasta el momento es una total pasividad a la hora de investigar contrataciones tan elevadas en el Atlántico.

Los 25 proyectos en riesgo de ejecución

En síntesis, la Contraloría ha identificado 25 proyectos en riesgo de ejecución, por un valor de $278 mil millones, de los cuales 14 se encuentran en estado crítico y 11 muy probablemente no se concluyan.

Sin duda que se trata, en la mayoría de los casos denunciados, de contratos significativamente costosos como el del Centro de Deportes en Salinas del Rey. Su precio inicial era de $25 mil millones y su valor creció a $43 mil millones.

El contrato de este ambicioso proyecto se firmó en noviembre de 2021 durante la administración de la entonces gobernadora, Elsa Noguera. Comenzó a ejecutarse en abril de 2022 previéndose su culminación en diez meses, es decir, para febrero de 2023, lo que no ocurrió. Avanzó el tiempo y el 15 de febrero de 2025 fue inaugurado a pesar de estar inconcluso.

Otra obra sumamente costosa y que es considerada por la Contraloría General en estado crítico, es la construcción de los modulares del Centro Penitenciario y Carcelario El Bosque en Barranquilla, con una inversión de $44.008 millones.

Otros proyectos de mucha importancia con graves problemas son: Sistema de alcantarillado etapa 2 (suspendido) y construcción de la Planta de Aguas Residuales – PTAR, en Juan de Acosta (en ejecución), con un valor de $23.405 millones, y $19.320 millones, respectivamente, para un total de 42 mil 725 millones en ese solo municipio.

Más proyectos críticos en municipios

Construcción del alcantarillado sanitario en el corregimiento Leña en Candelaria, por un valor de  $11 mil 215 millones; canalización de arroyos  en Sabanalarga por valor de $10,200 millones.

Construcción de la PTAR en el municipio de Piojó, por un valor de $8.687 millones; sistema de alcantarillado etapa 1 en Juan de Acosta, con un valor de $8.800 millones.

En Malambo, construcción y adecuación de las canchas de fútbol y parque del barrio Mesolandia.  Vale $7.351 millones.

En Sabanalarga, la Plaza Central, por un valor de $6.940 millones; protección del cauce del Arroyo del pozo en el corregimiento Hibácharo de Piojó, que cuesta  $6.261 millones.

En Soledad, el proyecto de saneamiento básico del sector Suroriental fase 1 y fase 2 que cuesta $5.956 millones

En Aguas Vivas, Piojó, la construcción de infraestructura de adecuación de la Institución Educativa San Antonio Técnico que vale $2.130 millones; y en Sabanalarga la ludoteca y cancha polideportiva por valor de $983 millones.

Cero avances a pesas de desembolsos

Pero hay más, según la Contraloría, la entidad hizo un inventario de contrataciones de obras y en bases de datos de toda la contratación de infraestructura del Atlántico, no menos de 35 proyectos están en el 0 % de avance físico o técnico, pese a que los contratistas ya han recibido desembolsos.

El vicecontralor general, Carlos Zuluaga, ha dicho sobre este tema específico que es importante conocer quién legalizó esos anticipos y de qué manera los pagaron. Calificó este hecho como “una irregularidad completamente grave”.

Agregó el alto funcionario que esto compromete no solamente la responsabilidad disciplinaria de quienes autorizaron y validaron esos pagos, “sino también de los contratistas que con sus pólizas de garantía han permitido que se reciban estos anticipos como parte de las obligaciones contractuales”. Y remarcó en que “esos proyectos son proyectos críticos”.

Igualmente expresó que: “La Contraloría General de la República no va a permitir que contratistas que incumplen obras, que contratantes o gestores fiscales que contratan recursos y no los ejecutan adecuadamente, queden en el limbo. Aquí vamos a tener una cruzada para que estos proyectos se puedan terminar y que la comunidad realmente pueda ver que los recursos invertidos están en beneficio de ellos”.

Los que ganan y los que pierden

Sin duda alguna que con estos retrasos y proyectos inconclusos, la que pierde es la ciudadanía en general, por cuando se trata de obras con unos impactos favorables en la calidad de vida, frustrados, de los habitantes de cada territorio donde se iniciaron los proyectos.

Igualmente, las entidades de Estado contratantes, que tienen que sacar más recursos de los previstos inicialmente para la financiación 100 por ciento del proyecto.

Y los que ganan son los contratistas, quienes en la medida en que se retrasan las obras y aparecen nuevas necesidades de inversión en las mismas, son beneficiados con adiciones a los contratos, que se hacen de manera directa, sin que medie ningún proceso licitatorio.

¿Y los responsables?

Si sólo nos detenemos en los 25 proyectos críticos mencionados por la Contraloría General, hay que señalar que se trata de obras inconclusas con financiación del orden nacional, departamental y municipal.

Lo anterior significa que se trata de cuantiosos recursos de los tres niveles del gobierno invertidos en obras inconclusas. Parte de esa plata ya prácticamente se perdió en estos elefantes blancos y otra gran porción está a punto de perderse.

En ese orden es muy válido que los entes de control ahonden en las averiguaciones para resolver los siguientes interrogantes, totalmente válidos: ¿Y los responsables qué?, ¿Dónde están los causantes de estos retrasos, obras inconclusas y plata tirada a la basura o extraviada?, ¿Quiénes les responden a los atlanticenses por este desperdicio de plata de los contribuyentes?

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