Un sombrío panorama se cierne sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) de Colombia, según los resultados de la Encuesta de Desempeño Empresarial correspondiente al segundo trimestre de 2025, divulgados por el Observatorio Nacional de la MiPyme.
Rosmery Quintero Castro, presidente del Observatorio Nacional de la MiPyme, quien también es directora de Acopi Atlántico, presentó un informe que detalla un marcado deterioro en indicadores clave, desde la generación de empleo hasta la inversión y la proyección internacional.
La encuesta revela que el 55,7% de los empresarios reportó una reducción en su planta laboral. En promedio, se perdieron cinco empleos por empresa y solo se generaron dos, resultando en una pérdida neta de tres puestos de trabajo por cada empresa. A esto se suma una preocupante precarización en las modalidades de contratación, con aumentos significativos en: Contratos por obra o labor: un 17,4%. Contratación por prestación de servicios: un 18,8%. Contratos de aprendizaje: Pasaron del 1,8% en el segundo trimestre de 2024 al 4,1% en el mismo periodo de 2025.
“Esta tendencia responde, en gran medida, a la incertidumbre generada por la entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025 (reforma laboral), que llevó a los empresarios a ajustar de manera anticipada sus esquemas de contratación”, expresó Rosmery Quintero.
Los otros indicadores fundamentales también muestran señales de un debilitamiento generalizado de la actividad empresarial. Es así como el 65,6% de los encuestados reportó una disminución en la rentabilidad. El 58,9% experimentó una caída en la producción. Y el 65,5% registró una reducción en las ventas.
De acuerdo con Quintero, la desconfianza frente al entorno económico ha llevado a que el 67,7% de los empresarios manifestara haber suspendido proyectos. Para proteger su capital, muchos han optado por medidas drásticas como el cierre de unidades de negocio (16%), la desinversión (14,5%) y la deslocalización internacional (4,6%).
Estancamiento estructural en la internacionalización
Indica el informe que un aspecto particularmente inquietante es la caída en la proporción de MiPymes con presencia internacional. Actualmente, solo el 6,5% de estas empresas acceden a mercados externos, principalmente en Centroamérica y Estados Unidos, una cifra drásticamente inferior al 22% registrado antes de la pandemia.
Octavio Ibarra, investigador en Desarrollo e Internacionalización Empresarial, ha calificado este bajo nivel de exportaciones como un “estancamiento estructural” de las MiPymes, condicionado por su alta dependencia del mercado interno y la limitada productividad.
Ibarra enfatiza que la internacionalización no es un lujo, sino una estrategia de supervivencia y sostenibilidad a largo plazo. Para revertir esta situación, se destaca la necesidad de apropiación tecnológica por parte de las MiPymes y un incremento sustancial en la inversión nacional en ciencia, tecnología e innovación, rubro en el que Colombia apenas destina entre 0,3% y 0,5% del PIB, muy por debajo del promedio del 2,5% de los países de la OCDE.
Preocupación por la nueva reforma tributaria
A estos desafíos se suma la preocupación por el proyecto de reforma tributaria recientemente radicado, que plantea medidas con efectos directos sobre la inflación y la estructura de costos empresariales. En primer lugar, el incremento en los combustibles tendría un fuerte impacto, pues actualmente representan el 40,2% de la estructura de costos, a lo que se suman peajes y gastos fijos que alcanzan el 45,19%, es decir, cerca del 86% del total de los gastos operativos.
“Este escenario incidiría no solo en la competitividad empresarial, sino también en el transporte público masivo, que depende del combustible para su funcionamiento y que en ninguna ciudad del país ha logrado equilibrio financiero sin recursos públicos”, aseguró Quintero Castro.
Dijo que un segundo aspecto crítico es la modificación en el impuesto de renta para personas naturales. Mientras las personas jurídicas mantienen una tarifa fija del 35%, las personas naturales enfrentarían un aumento de la tarifa marginal máxima del 39% al 41%, con cargas adicionales que incrementarían aún más la tributación.
“En un contexto donde el 67% de las MiPymes están registradas como personas naturales, esta medida podría afectar de manera significativa su sostenibilidad, lo que obliga a muchos empresarios a reconsiderar la conveniencia de transformarse en personas jurídicas”, manifestó la dirigente gremial.
Finalmente, preocupa a las MiPymes la propuesta de gravar con IVA del 19% a las actividades culturales y de esparcimiento, un sector que se ha consolidado como “tanque de oxígeno” para el bienestar social y emocional de los colombianos después de la pandemia. “La cultura, la recreación y los espectáculos no solo dinamizan la economía, sino que fortalecen la cohesión social y aportan al crecimiento del país”, puntualizó la presidente del Observatorio Nacional de la MiPyme.

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