El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y su defensor legal, Jaime Granados, manifestaron su rechazo contundente a la compulsa de copias ordenada por la jueza tercera penal del circuito especializado de Medellín, Claudia Castro, mediante la cual se busca que la Fiscalía investigue al ex jefe de Estado y a su hermano Santiago.
La compulsa se da con el propósito que el ente acusador investigue la supuesta participación de los hermanos Uribe y del general (r) Carlos Alberto Ospina en los asesinatos de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza.
La medida fue decretada dentro de una sentencia condenatoria de 28 años contra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, por su responsabilidad en el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba.
En ese fallo, la jueza Castro argumenta que los testimonios recabados sugieren la existencia de vínculos entre actores estatales y estructuras paramilitares, y advierte que tales declaraciones podrían apuntar hacia la participación de Uribe y otros altos cargos como presuntos determinadores de homicidios en Antioquia en 1998.
Entre los elementos decisivos para la medida está el testimonio del exparamilitar Francisco Enrique Villalba, quien declaró que en 1997 se realizó una reunión en la finca “La Marranera”, con la presencia de los hermanos Uribe y Ospina, en la que se habría planeado un “listado” de personas consideradas incómodas por sus denuncias contra paramilitares y fuerzas estatales. Allí, según su versión, se mencionaron nombres como los de Valle, Umaña y el asesinado periodista Jaime Garzón.
Asesinados por denuncias
Los crímenes de Jesús María Valle y Eduardo Umaña, dos abogados reconocidos por su defensa de derechos humanos y por exponer vínculos entre el Estado y grupos paramilitares, ocurrieron en 1998. Valle fue asesinado días después de denunciar alianzas entre el Ejército y paramilitares en Antioquia; Umaña fue ultimado en su oficina después de advertir sobre amenazas que involucraban a órganos estatales.
La fuerte reacción del expresidente
Ante la noticia de la compulsa de copias, Álvaro Uribe respondió con dureza desde su cuenta en X, calificando la medida como “una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente.”
Recalcó que los hechos ya han sido objeto de escrutinio judicial y que la decisión de la togada se basa en un testimonio que, según él, carece de respaldo fáctico y contiene elementos contrarios a la lógica histórica del caso.
Uribe también intentó desligarse del exsubdirector Narváez, afirmando que aquel fue declarado insubsistente por solicitud de sus superiores del DAS, y que no había conexión alguna entre los casos.
Señaló que la medida podría obedecer a “rabia política” y a una instrumentalización del sistema judicial para perseguirlo.
En su defensa citó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que en la sentencia de ese tribunal sobre el crimen de Valle “no hay una sola mención de Álvaro Uribe”.
Por su parte, el abogado Jaime Granados afirmó que la compulsa no obedece a una investigación seria, sino a maniobras de carácter político que buscan afectar la reputación de su defendido. Granados defendió la integridad del expresidente y exigió que se respete el debido proceso.
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