La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó reparos significativos y una fuerte advertencia sobre la propuesta del Gobierno Nacional de iniciar un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, señalando que la Constitución Política de 1991 debe ser defendida y que cualquier intento de sustituirla en el actual entorno político podría tener graves consecuencias para la estabilidad del país.
En un comunicado, la agremiación empresarial reafirmó su compromiso con la defensa de la Constitución de 1991, la cual ha sido un símbolo de transformación y unión, y que gozó del consenso más amplio y valioso de la vida republicana reciente de Colombia. Esta Carta Magna ha garantizado avances sociales, políticos y económicos sin precedentes en la región, ofreciendo un marco democrático sólido que ha permitido a Colombia dar un salto hacia la estabilidad institucional, la inclusión y el pluralismo.
La Andi enfatizó que emprender un proceso constituyente que busque modificar la esencia de la Constitución de 1991, en el actual clima de radicalización política y de ausencia de diálogo sosegado entre los diversos sectores sociales, podría conducir a una situación de inestabilidad para la sociedad colombiana.
De acuerdo con los empresarios, un escenario de esta naturaleza es “totalmente contrario al requerido” cuando se pretende abordar un replanteamiento de los elementos esenciales del orden constitucional. Un proceso de cambio estructural total del orden constitucional, como el que se propone, solo puede surgir del encuentro plural de la Nación entera, y no de la imposición de un proyecto parcial.
La agremiación subraya que la Constitución de 1991 funciona y lo que realmente se necesita es más compromiso colectivo e impulso, no un reemplazo total. El debate sobre las reformas sociales y políticas requeridas por Colombia puede y debe darse plenamente dentro del marco constitucional vigente.
La constitución por encima de intereses partidistas
Uno de los llamados más claros de la Andi está dirigido a blindar el orden constitucional de cualquier motivación política transitoria. La agremiación realizó un llamado explícito para que la aparente excusa de una Constituyente no sea utilizada con fines electorales partidistas.
Para los empresarios, el cuidado y la protección de la Constitución de 1991 deben ser “muy superior a los intereses individuales de algunos”. La Carta Política es considerada un patrimonio común de los colombianos y un fundamento esencial de la convivencia. Además, redefinir los elementos esenciales de la Constitución no puede entenderse como una “carta de triunfo político de un sector sobre otro, ni como un espacio para constitucionalizar un programa de gobierno”.
Los empresarios reconocieron que, si bien la convivencia es perfectible, la fortaleza del Estado social de derecho radica precisamente en su capacidad para evolucionar dentro del cauce institucional.
La Andi destaca que la Constitución fue fruto de una amplia deliberación ciudadana, involucrando a movimientos étnicos, jóvenes y sectores políticos diversos, en un proceso genuinamente participativo. Por lo tanto, cualquier ajuste necesario debe ser un proceso guiado por el consenso y la deliberación madura y pausada.
Las reformas o ajustes que la sociedad demande pueden llevarse a cabo a través de los mecanismos ya previstos en la propia Constitución, como los actos legislativos o desarrollos institucionales específicos, lo que permite construir un Estado amplio, diverso y plural. Incluso, los fundamentos que se suelen citar como motivo para una nueva Constitución (como el reconocimiento del campesinado o la protección de los pueblos indígenas y el medio ambiente) ya cuentan con un desarrollo expreso en el texto vigente de 1991.
En conclusión, la Asociación reitera que la deliberación democrática es el camino para fortalecer, y no para sustituir, el orden constitucional que costó tanto esfuerzo construir.
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