Un operativo policial sin precedentes y de “escala bélica” en las favelas de Complexo do Alemão y Penha en Río de Janeiro resultó en la muerte de al menos 132 personas, de acuerdo con reportes iniciales.
La ofensiva, que movilizó a cerca de 2.500 agentes, helicópteros y blindados, se ha convertido en una de las jornadas más sangrientas de los últimos años en el estado.
La acción, llevada a cabo este martes, fue celebrada por sectores del poder local como un “golpe contra el narcotráfico” dirigido al Comando Vermelho, catalogado como el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en Brasil.
El saldo de víctimas incluye a cuatro policías. Además, las autoridades reportaron la detención de más de 80 personas, cifra que algunos medios locales precisan en 81 detenidos, junto con el decomiso de 90 fusiles. Se informó también que el grupo narco utilizó granadas durante el enfrentamiento.
No obstante, esta masiva incursión ha generado una profunda controversia. Mientras que el gobernador local la justifica como necesaria, observadores internacionales, organizaciones de derechos humanos y muchos vecinos la calificaron como “el día más sangriento” de la política de “exterminio” que ha sido impulsada desde la órbita del bolsonarismo en el estado.
Acusaciones de “fuerza bruta” y ejecuciones sumarias
El nivel de letalidad y la naturaleza del operativo provocaron una condena inmediata a nivel federal. El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Ricardo Lewandowski, calificó la acción de “fuerza bruta” y aclaró que el gobierno local actuó sin el apoyo de las fuerzas federales.
Lewandowski extendió sus condolencias tanto a las familias de los policías fallecidos como a los “inocentes que perecieron” durante la redada.
Medios locales reportaron denuncias extremadamente graves sobre el modus operandi policial. Se afirma que hay “personas ejecutadas, muchas de ellas con un tiro en la nuca o por la espalda, y colgadas de los árboles”.
Este episodio subraya cómo Río de Janeiro se ha consolidado como el “laboratorio más extremo” de la política de “mano dura” que busca combatir el narcotráfico. Bajo la gestión del actual gobernador, Cláudio Castro, las incursiones policiales en las favelas se han multiplicado, alcanzando niveles récord de letalidad. De hecho, solo en 2024, más de 1.300 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad en el estado.
El Modelo de poder del gobernador Cláudio Castro
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, afiliado al Partido Liberal (PL) —el mismo de Jair Bolsonaro—, ha sido el ejecutor de este modelo. Castro, quien se define como “cristiano y conservador”, celebró públicamente la reciente masacre como una “victoria del Estado”.
Lejos de condenar los hechos, el gobernador justificó la acción policial asegurando que “la violencia solo se combate con fuerza”. Su discurso, que es “calcado del de Bolsonaro,” refuerza una lógica de guerra interna que tiende a criminalizar la pobreza y legitimar el accionar letal de las fuerzas de seguridad.
Organismos de derechos humanos han denunciado que en Río de Janeiro se está consolidando un régimen de excepción de facto, donde los barrios populares son tratados como “zonas enemigas” y la policía actúa con una impunidad que consideran garantizada. Esta violencia institucional, señalan, no es un mero efecto colateral, sino una “herramienta de gobierno”.
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