El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de su Sección Primera, Subsección B, declaró recientemente la nulidad de la designación de Edwin Palma Egea como Agente Especial de la empresa Air-e. La decisión judicial se refiere a la resolución de nombramiento expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en octubre de 2024.
El Tribunal, con ponencia del magistrado Óscar Armando Dimaté Cárdenas, respondió a una acción de nulidad electoral presentada por la ciudadana Sara Yesenia Molano Piñán. La demandante argumentó que el acto administrativo había sido viciado de nulidad por haberse expedido con infracción de las normas que regulan los requisitos de experiencia e idoneidad para ocupar dicho cargo.
La Sala determinó que, según los documentos aportados, Palma Egea no cumplía con la totalidad de los requisitos mínimos de experiencia solicitados a partir de la normatividad vigente. El exviceministro de Trabajo no acreditó experiencia en el sector de los servicios públicos domiciliarios.
Entre los elementos críticos señalados por el Tribunal, se destacó que la hoja de vida de Palma no mostraba experiencia ni en el área de energía y gas. Su trayectoria profesional estaba, en cambio, más vinculada al trabajo sindical y a la defensa de los derechos de los trabajadores.
Este incumplimiento es crucial, ya que Air-e S.A.S. E.S.P. está catalogada como una empresa de Categoría 1. Para dirigir una compañía de esta magnitud, que atiende a más de 1.200.000 usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, se requieren criterios técnicos específicos que el designado no cumplía.
Límites a la discrecionalidad de la Superintendencia
La decisión judicial también abordó las facultades de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). El Tribunal reconoció que la Superintendencia tiene facultades discrecionales para realizar designaciones en procesos de toma de posesión. Sin embargo, el fallo enfatizó que esta discrecionalidad no la exime de garantizar que la persona designada cumpla con los requisitos mínimos de idoneidad y experiencia exigidos por la ley y las resoluciones internas de la entidad.
En consecuencia, el Tribunal determinó que la resolución de designación fue expedida “violando las normas en que debía fundarse”, al no verificarse el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos establecidos por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las resoluciones específicas de la SSPD (como la 20231000264475 de 2023 y la 2024100028393 de 2024).
Alcance de la decisión a pesar de la renuncia
Aunque Edwin Palma Egea ya no ejerce el cargo, pues presentó su renuncia el 4 de marzo de 2025, el Tribunal consideró necesario pronunciarse de fondo. Esto se debió a que el acto administrativo de su nombramiento produjo efectos jurídicos durante su vigencia.
El fallo tiene un alcance significativo para la SSPD, pues le marca un lineamiento claro sobre las facultades que posee y cómo debe ejercerlas dentro de un marco de legalidad, especialmente al nominar personas en cargos de alta responsabilidad como las interventorías.
La decisión reafirma que, incluso cuando una entidad goza de discrecionalidad para separarse de una lista oficial de aspirantes, debe asegurarse que el designado cumpla siempre con los criterios de idoneidad exigidos por la ley. Es como establecer que, aunque un director puede elegir a un actor fuera del casting inicial, este debe, indefectiblemente, saber actuar según los estándares mínimos del papel.
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