La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) manifestó su preocupación ante lo que describe como una escalada de violencia que amenaza directamente la operación de las vías concesionadas en Colombia. El gremio alzó su voz ante la ausencia de respuestas efectivas por parte de la Fiscalía General de la Nación frente a atentados que se han vuelto recurrentes.
En un fuerte llamado a la Fiscal General de la Nación, Adriana Camargo, la CCI subrayó que las vías concesionadas se han transformado en un blanco recurrente de grupos armados ilegales, a menudo ante una percibida “mirada pasiva de la Fiscalía”.
Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente Ejecutivo de la CCI, enfatizó la necesidad de una acción judicial robusta. “La reiteración de atentados y bloqueos, sin avances judiciales conocidos ni responsables capturados, transmite un mensaje de impunidad que incentiva nuevas agresiones,” señaló Caicedo Ferrer. El país requiere, a juicio del gremio, no solo pronunciamientos, sino investigaciones oportunas, judicialización efectiva y resultados concretos.
Impacto económico billonario
De acuerdo con la CCI, la inacción institucional no solo debilita al sector, sino que erosiona la autoridad del Estado y la confianza. El impacto económico de esta crisis de orden público es significativo. Entre 2023 y 2025, se registraron más de 2.000 bloqueos en corredores concesionados, una cifra que la CCI considera incompatible con el deber constitucional de garantizar la libre movilidad.
Estos bloqueos han generado pérdidas económicas cercanas a los 10 billones de pesos. Dicha cifra ha impactado severamente la competitividad del país, el abastecimiento de bienes esenciales y la vida cotidiana de miles de colombianos. A este panorama se suman las asonadas en estaciones de peajes y los recaudos irregulares de dinero por parte de grupos no autorizados que cobran el paso de vehículos, lo que agrava la falta de intervención judicial.
Incidentes recientes confirman la alarma
La alarma de la CCI se basa en hechos concretos recientes, como el atentado registrado la semana pasada contra el peaje Cabildo, perteneciente a la concesión Vías del Nus. A ello se suma el ataque más reciente contra el peaje Lizama, en la vía hacia Barrancabermeja, una acción que, de manera preliminar, ha sido atribuida al ELN.
“No se trata de hechos aislados. En la Ruta del Sol III, en las troncales del Magdalena y en la vía Popayán- Santander de Quilichao, por mencionar casos transcurridos en los últimos meses, se destruyeron más de 40 máquinas y se puso en alto riesgo la integridad de ciudadanos y trabajadores”, afirmó el gremio.
Finalmente, aunque la CCI reconoció la disposición de la Dirección de Seguridad Nacional del Ministerio de Defensa para mejorar las condiciones de seguridad en las vías, reitera su llamado a un mayor pie de fuerza del Ejército Nacional en las áreas críticas para proteger la inversión y preservar la confianza privada. La protección de la infraestructura vial, según el gremio, es un deber indeclinable del Estado para garantizar la seguridad y la libre movilidad en el territorio.
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