En una reciente declaración que ha intensificado la tensión entre el Gobierno Nacional y los mandatarios regionales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó una advertencia a los gobernadores que han sugerido no acatar la ley. Según el funcionario, este tipo de posturas representan un “mal ejemplo” para la institucionalidad del país.
El ministro fue enfático al señalar que la potestad de decidir sobre la validez y el cumplimiento de las normas reside exclusivamente en la Corte Constitucional. En este sentido, Benedetti afirmó que, si los mandatarios regionales deciden no acatar lo dispuesto legalmente, estarían incurriendo en una usurpación de las funciones propias de dicho tribunal.
Asimismo, el jefe de la cartera política advirtió que el desconocimiento deliberado de la ley podría tipificarse como el delito de prevaricato, lo que acarrearía serias consecuencias jurídicas para los gobernadores involucrados.
Responsabilidad financiera con bienes propios
Uno de los puntos más críticos de la intervención de Benedetti fue la advertencia sobre el impacto económico directo que este desacato tendría sobre los mandatarios. El ministro señaló que los gobernadores podrían verse obligados a responder por la pérdida de recaudación de los impuestos establecidos, utilizando para ello sus propios bienes y recursos personales, es decir, su patrimonio o pecunio.
Esta medida buscaría garantizar que los recursos que se pretenden recoger a través de las cargas tributarias vigentes no se pierdan debido a la desobediencia de los líderes departamentales.
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