El panorama para la definición de la candidatura de Iván Cepeda en la consulta interpartidista del 8 de marzo es cada vez más incierto. A pocos días de que se cumplan plazos críticos, el proceso ha entrado en un enredo jurídico tras la manifestación de impedimento de un conjuez y la falta de consenso en el Consejo Nacional Electoral.
El conjuez Alejandro Felipe Sánchez Cerón, quien había sido designado por sorteo para destrabar la votación en el CNE, presentó formalmente su impedimento ante la Sala Plena.
Sánchez Cerón argumentó que formó parte del equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe en el proceso por presunta manipulación de testigos, el cual fue iniciado precisamente por una denuncia de Iván Cepeda.
Según el documento de seis páginas, haber sido abogado de Uribe se ajusta a la causal de impedimento de actuar como asesor de una parte con interés directo en el asunto, dado que Cepeda es un opositor político relevante de dicho sector.
Un CNE dividido y contra el reloj
La decisión sobre si Cepeda puede participar en la consulta del frente de izquierda quedó en manos de conjueces debido a que la votación en la Sala Plena se mantiene en un empate técnico de 5 votos contra 4, cuando la ley exige al menos 6 para tomar una decisión de fondo.
La situación se complica por dos factores adicionales: Altus Baquero se encuentra en una misión oficial en India. Sin él, se prevé que la votación sobre el propio impedimento de Sánchez Cerón termine nuevamente 5-4, obligando a sortear nuevos conjueces solo para resolver este trámite.
El otro conjuez designado, Manuel Antonio Abella, no ha respondido a los llamados del CNE ni se conoce su paradero desde que fue notificado de su nombramiento el pasado lunes.
El tiempo es el mayor enemigo en este proceso. El 6 de febrero vence el plazo inamovible para inscribir precandidatos y para que la Registraduría inicie la impresión de los tarjetones.
Cepeda sigue inscrito
Por el momento, Iván Cepeda continúa formalmente inscrito como precandidato. Si el CNE no logra una decisión definitiva antes del 6 de febrero, la Registraduría se verá obligada a imprimir el tarjetón con la foto y el nombre del senador, garantizando así su participación de facto en la consulta del 8 de marzo.
La incertidumbre persiste mientras el organismo electoral intenta completar su esquema de decisión en medio de una parálisis administrativa y judicial.
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