El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció un nuevo decreto que establece una transferencia adicional del 2% de las ventas brutas de energía por parte de las empresas generadoras hidroeléctricas y termoeléctricas.
Esta medida, anunciada por la ministra (e) Irene Vélez Torres, tendrá una vigencia de seis meses y se aplicará específicamente a las plantas ubicadas en las cuencas hidrográficas de los departamentos bajo Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
La disposición, que se desprende del Decreto 150 de 2026, busca recaudar fondos inmediatos para financiar acciones de gestión del riesgo y recuperación ambiental en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Según las fuentes, esta alteración extraordinaria de la dinámica hídrica exige una respuesta financiera robusta para prevenir la extensión de los daños causados por inundaciones y frentes fríos.
Naturaleza de la contribución y ejecución
El gobierno aclaró que este aporte no constituye un nuevo impuesto para las generadoras. Se trata de una medida transitoria que conserva la naturaleza compensatoria de las transferencias previstas en la Ley 99 de 1993, donde quienes aprovechan los recursos naturales retribuyen a los territorios que asumen los costos ambientales de dicha explotación.
El Ministerio dice que, en el caso de las hidroeléctricas, la protección de las cuencas es vital, ya que su operación depende directamente de la estabilidad de los ríos que abastecen sus embalses.
Los recursos serán recaudados a través de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de las zonas afectadas y su ejecución será exclusiva para mitigar los efectos de las lluvias.
Para asegurar la transparencia, el Ministerio de Ambiente publicará en un plazo de quince días los lineamientos técnicos que priorizarán los proyectos bajo criterios de urgencia, impacto ecosistémico y equidad territorial.
Acciones prioritarias
El recaudo de este 2% adicional permitirá poner en marcha seis de las ocho medidas de choque contempladas en el decreto, entre las que destacan: Restauración ecológica y rehabilitación de áreas protegidas y adopción urgente de la gestión del riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA).
Igualmente, la modelación hidrosedimentológica y medidas sobre rondas hídricas y ejecución inmediata de obras prioritarias en reservas forestales.
Las CAR deberán trabajar de forma articulada y, en casos de daños de gran magnitud, coordinar proyectos interjurisdiccionales con el acompañamiento técnico del Ministerio para garantizar la trazabilidad de los recursos.
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