Consejo Gremial advierte que el impuesto al patrimonio asfixiará el tejido productivo y destruirá el empleo

La presidente del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, lanzó una advertencia sobre las consecuencias críticas que enfrentará la economía colombiana si se mantiene el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, establecido mediante el Decreto Legislativo 173 de 2026.

Según la líder gremial, “el país se encuentra a menos de 10 días de un deterioro económico sin precedentes” que podría llevar a la quiebra a miles de empresas que no cuentan con la liquidez para asumir este tributo.

Gutiérrez señaló que esta medida afecta directamente a un sector empresarial que sostiene más de 3 millones de empleos formales. Afirmó que la aplicación de este impuesto genera tres impactos negativos inmediatos: “1. Asfixia la caja al exigir liquidez en el corto plazo, afectando la operación diaria, 2. Incrementa el endeudamiento costoso destinado únicamente a pagarle a la Dian, y 3. Es un freno en seco la inversión que tanto necesita el país”, aseguró.

Con el primer pago del 50% del impuesto venciendo este 1° de abril, las organizaciones tienen un margen de maniobra mínimo para obtener los recursos necesarios sin sacrificar sus planes de crecimiento o sus nóminas.

Críticas a la estructura del impuesto y seguridad jurídica

La presidente del Consejo Gremial cuestionó que el gravamen se aplique sobre el patrimonio corporativo y no sobre las utilidades reales. Esta estructura ignora la situación financiera actual de las firmas, obligando incluso a aquellas que registran pérdidas económicas a pagar el tributo.

Además, Gutiérrez denunció una vulneración a los principios de equidad y progresividad, destacando que sectores clave como el financiero y el extractivo enfrentarán una tarifa del 1,6%, cifra que triplica la tarifa general y castiga severamente la inversión. Para la dirigente, estas medidas demuestran que la “confianza inversionista en el país agoniza”.

Cuestionamientos al gasto público y la “emergencia”

Desde una perspectiva fiscal, el Consejo Gremial sostiene que el Gobierno está utilizando la figura de la “crisis climática” como un pretexto para cubrir un faltante de $16,3 billones. Gutiérrez enfatizó que el origen del problema es un gasto público que supera en 2,6 puntos del PIB los niveles prepandemia.

“Estos decretos son como poner un parche en un hueco fiscal que el mismo Gobierno ha generado”, afirmó Gutiérrez, quien además recordó que para 2026 se estima un faltante fiscal de $32,1 billones. La líder empresarial fue enfática en que no es válido imponer tributos excepcionales sin haber agotado primero medidas de austeridad y control del gasto primario.

Llamado a la Corte Constitucional

Ante lo que califica como decisiones que no resisten un análisis serio desde lo jurídico ni lo económico, el Consejo Gremial solicitó formalmente a la Corte Constitucional la suspensión urgente del Decreto 173. El objetivo de esta petición es evitar “perjuicios irremediables” y proteger la viabilidad económica y la estabilidad empresarial de Colombia.