En una decisión que ha vuelto a poner bajo la lupa la actuación de la justicia en la capital del Atlántico, la Jueza Sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Carmen Luisa Terán Suárez, concedió el beneficio de libertad condicional al empresario Carlos José Mattos Barrero.
Mattos cumple condenas por el sonado escándalo de corrupción judicial conocido como el “caso Hyundai”, donde fue hallado culpable de sobornar a jueces y funcionarios para obtener medidas cautelares favorables en un litigio comercial.
La controversia no solo radica en la gravedad de los delitos cometidos por el empresario, sino en el perfil de la togada. Terán Suárez es la misma jueza que el pasado 30 de diciembre otorgó la libertad a Jorge Luis Alfonso López, alias ‘Gatico’, hijo de la fallecida Enilce López, lo que ha generado suspicacias en diversos sectores de la opinión pública.
Según fuentes cercanas al proceso, la jueza fundamentó su decisión en el cumplimiento de varios de los siguientes requisitos legales por parte de Mattos:
Redención de pena: El empresario logró reducir su tiempo de reclusión mediante estudio, trabajo y la publicación de un libro.
Tiempo cumplido: Mattos ya habría completado las tres quintas partes de las condenas impuestas en su contra.
Renuncia a recursos: Para acceder al beneficio, Mattos renunció al recurso extraordinario de casación en las dos sentencias que pesan sobre él por manipular decisiones judiciales.
Cabe recordar que, desde febrero de 2023, el empresario ya se encontraba bajo detención domiciliaria debido a un diagnóstico de múltiples enfermedades que complicaban su permanencia en un centro carcelario.
Una libertad que no será inmediata
A pesar de la orden judicial notificada a la Penitenciaría El Bosque, la salida de Mattos Barrero no es automática.
Las autoridades competentes, especialmente el Inpec y la Fiscalía, deben realizar una verificación exhaustiva para confirmar que el empresario no tenga otros requerimientos judiciales vigentes o procesos en etapa de juicio que impidan su libertad.
Carlos Mattos, quien fue sentenciado originalmente a 9 años de cárcel, ha tenido acercamientos con la Fiscalía con el fin de reconocer su responsabilidad y avanzar en la reparación de las víctimas, entre las que se encuentran la administración de justicia y el propio Inpec.
Sin embargo, su situación jurídica sigue siendo compleja debido al entramado de corrupción que lideró para favorecer sus intereses empresariales.
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