En un giro significativo dentro del proceso judicial contra el depuesto mandatario venezolano, el gobierno de Estados Unidos ha otorgado la autorización necesaria para que Venezuela sufrague los honorarios de la defensa jurídica de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
La decisión, comunicada mediante una carta del fiscal de Nueva York, Jay Clayton, al juez Alvin Hellerstein, pone fin a un bloqueo financiero que la defensa alegaba vulneraba derechos constitucionales fundamentales.
Hasta ahora, las sanciones internacionales impuestas por Washington impedían que el Estado venezolano movilizara fondos para costear los abogados del matrimonio, ambos detenidos en una prisión federal de Brooklyn tras su captura en Caracas el pasado 3 de enero.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias enmendadas que permiten estos pagos, siempre que se cumplan requisitos específicos establecidos por el Departamento del Tesoro.
El fin de una disputa constitucional
La defensa de Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, había solicitado previamente la desestimación del caso. El argumento central era que la imposibilidad de acceder a recursos para pagar una representación legal de su elección constituía una violación de la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Incluso el juez Hellerstein, de 92 años, se había mostrado escéptico ante la negativa de la Fiscalía de permitir los pagos, llegando a señalar en audiencias previas que, tras su captura y traslado a suelo estadounidense, el matrimonio ya no representaba una “amenaza para la seguridad nacional”.
Con esta nueva autorización, la defensa ha procedido a retirar temporalmente su moción para desestimar los cargos.
Condiciones financieras y procedencia de los fondos
A pesar de la “luz verde”, el Departamento del Tesoro ha impuesto candados estrictos sobre el origen del dinero:
Temporalidad: Los pagos deben realizarse exclusivamente con fondos que hayan estado disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026.
Restricciones de origen: Los fondos no pueden derivarse de “Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros” ni proceder de las ventas de petróleo venezolano reguladas en Estados Unidos, las cuales permanecen bajo supervisión de Washington.
El contexto del caso
Nicolás Maduro, de 63 años, y Cilia Flores, de 69, enfrentan cargos graves que incluyen conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra.
Maduro, quien se define a sí mismo como un “prisionero de guerra”, se ha declarado no culpable de todos los cargos. Mientras el proceso judicial avanza en Nueva York, en Venezuela la exvicepresidenta Delcy Rodríguez ejerce como mandataria interina tras el derrocamiento de Maduro a comienzos de año.
Este cambio de política en el Departamento de Justicia representa un viraje respecto a la estrategia inicial de la administración de Donald Trump, que había bloqueado sistemáticamente el acceso a estos recursos alegando razones de política exterior.
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